irunberdeak.- Como es sabido, el Gobierno Vasco se comprometió, y firmó en 2010, a construir 80 viviendas de alquiler en Oinaurre, 32 de alquiler social y 48 de alquiler protegido. El ayuntamiento le cedió el suelo para esta finalidad. Pues bien, ahora Visesa, empresa pública del Gobierno Vasco, solicita al ayuntamiento de Irun que las 48 en vez de ser de alquiler lo sean en derecho de superficie (VPO), alegando restricciones presupuestarias.

El ayuntamiento se niega, como es tradición, a promover viviendas de alquiler, la última evidencia fue en el debate de presupuestos celebrado en febrero, rechazando la enmienda presentada por nuestro grupo destinada a construir 51 viviendas de alquiler en los próximos tres años. Y el gobierno Vasco, cuyos portavoces difunden que han presentado el presupuesto vasco más social de la historia de la CAV, curiosa forma de entender lo social por parte del gobierno de Urkullu, tampoco quiere promover viviendas de alquiler, hasta el punto de querer modificar e incumplir el Convenio que sobre Oinaurre firmaron, por 48 miserables viviendas.

Es indignante, desesperante e inadmisible la nula capacidad de respuesta de nuestras instituciones, Ayuntamiento y Gobierno Vasco, a una necesidad tan perentoria en Irun como la vivienda pública de alquiler, la modalidad que puede permitir ejercer el derecho básico de acceso a la vivienda, puesto que las VPO están siendo inalcanzables para muchos, debido a la falta de financiación. Y además, en unos momentos en que las solicitudes ante IRUNVI de esta modalidad de vivienda ya supera a las VPO. Más de 900 solicitudes de alquiler y alrededor de 1000 tanto en alquiler como compra.  VISESA y ayuntamiento de Irun se columpian.