Movimiento Pensionista de Euskal Herria.- El 22 de diciembre se votó en el Parlamento de la CAV la “Ley del Sistema Vasco de Garantía de ingresos y para la inclusión” y el día 23, se votan los Presupuestos de la CAV para 2023.

Con el conocimiento que tenemos de las enmiendas aceptadas y rechazadas les hacemos llegar nuestra preocupación porque ambos plenos son una ocasión perdida para cambiar sustancialmente las políticas públicas; unas políticas públicas hechas para que unas pocas personas sean cada vez más ricas a costa de salarios, pensiones y servicios públicos. Una y otra ley son continuistas de esas políticas y hacen dejación de lo fundamental, garantizar a las personas unas condiciones de vida dignas.

En lo que respecta a la Ley de garantía de ingresos se mantienen los requisitos necesarios para el acceso a la prestación excepto la ampliación a los 18 años y se aplicará un nuevo criterio de revalorización de las prestaciones eludiendo recuperar el SMI como referencia de la prestación tal como venía recogido en la Ley de 2008. También se rechazará la enmienda que planteaba prácticamente complementar la pensión mínima a 1080 euros mensuales en 14 pagas como derecho individual y por oficio. Nos alegramos que al menos un partido político haya recogido nuestra demanda.

Aunque la aprobación definitiva de las cuantías se determinará en Marzo para que sean aplicadas con efectos retroactivos a Enero de 2023. Para una persona pensionista sola la prestación será de 1013 euros (doce pagas) o 868,28 (catorce pagas) euros en función de los ingresos de la unidad convivencial y demás requisitos de la RGI, lo cual queda muy lejos de nuestras demandas y la situación de emergencia social actual.

Evidentemente nuestras pretensiones de conseguir complementar la pensión mínima a 1080 euros en 14 pagas como derecho individual y con una normativa propia no ha sido tomada en consideración por los partidos del Gobierno a pesar de los contactos mantenidos con ellos.

Tampoco en el proyecto de presupuesto de la CAV para 2023 se recoge partida presupuestaria alguna para garantizar a las personas pensionistas unos ingresos mínimos de 1080 euros, condenando a más de la mitad de las personas pensionistas al deterioro de sus condiciones de vida, el acceso a la salud, a una alimentación sana, a servicios de atención a la dependencia y a viviendas confortables.

Si quienes son responsables del desorbitado incremento de los precios (sector financiero y de la energía) están obteniendo beneficios récords, si persiste un fraude fiscal que hace que las rentas de capital o de sociedades o no tributen o lo hagan muy por debajo de las rentas de trabajo y las administraciones como el Gobierno de la CAV deja sin gastar anualmente 500 millones de euros, el problema no es que no hay dinero, el problema es que está mal repartido; el problema son las políticas que lo hacen posible.

El día 23 el MPEH les hemos hecho llegar nuestro rechazo mas rotundo a estas políticas y exigimos ante el Parlamento de la CAV que prioricen las necesidades de la ciudadanía y garanticen a todas las personas unas condiciones de vida dignas.

Exigimos de inmediato complementar hasta 1080 euros la pensión mínima y vamos a seguir movilizándonos hasta conseguirlo.

Reparto equitativo de la riqueza; recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones 1080 euros de pensión mínima ¡ya!

Gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden