El próximo miércoles 25 de julio tendrá lugar en Donostia el juicio por la acción de desobediencia contra el TAV realizada el año 2010 en las minas de Itsasondo.

Como recordareís, cuatro personas nos encerramos el 1 de julio de 2010 en las minas de Itsasondo encadenándonos a bidones de cemento para denunciar el TAV y exigir la paralización de las voladuras de las obras del túnel Ordizia-Itsasondo, a la vez que en el exterior se realizaron numerosas acciones de apoyo. Es preciso destacar que las minas de Itsasondo figuran expresamente en documentos como el Estudio Geomorfológico de Gipuzkoa como una zona con fuertes riesgos de “colapso gravitacional” y muy escasa capacidad de acogida para la construcción de infraestructuras; a pesar de ello, las galerias mineras no fueron estudiadas en el proyecto del TAV, habiéndose ejecutado las obras “desonociendo su posible afección en el trazado” –tal y como se reconoce en la breve descripción de las minas que contiene el Proyecto Constructivo del tramo “Ordizia-Itsasondo” del TAV. Esta falta de datos técnicos suficientes que avalen la seguridad de la obra y la peligrosa continuación de las voladuras que prosiguieron durante el primer día de la protesta haciendo caso omiso a la situación de encierro de cuatro personas fueron  denunciadas el 2 de julio por un ingeniero de minas en el Juzgado de Tolosa. La denuncia judicial solicitó la paralización cautelar de las explosiones, que fueron suspendidas a partir del mediodía de esa segunda jornada de la protesta. La acción duró cinco días, hasta que las cuatro personas encerradas en las minas fuímos finalmente localizadas y desalojadas por la Ertzaintza.

El juicio va a tener lugar ocho años después y está fijado a partir de las 9'30h del 25 de julio en la Sala de vistas nº9 – Planta baja del Jugado de Donostia. El Gobierno Vasco y Euskal Trenbide Sarea (ETS) son quienes ejercen las acciones penales, solicitando contra las cuatro personas encausadas penas de 1 año y 6 meses de prisión bajo la acusación de “desórdenes públicos”  además de una indemnización conjunta  a modo de “responsabilidad civil” de cerca de 60.000 euros (incluyendo 47.157,52 euros por los “perjuicios que le fueron ocasionados por la paralización de las obras” y otros 11.629,41 euros por “los gastos que fueron ocasionados por su desalojo”).

Se realizará una concentración de solidaridad a las 9h ante el juzgado.