Eguzki Talde Ekologista eta Antinuklerra.- Las Juntas Generales de Gipuzkoa fueron escenario la semana pasada de un nuevo capítulo de un “viejo” debate: si los basozainas de la Diputación, como agentes de la autoridad que son, pueden y sobre todo deben informar directamente a la Fiscalía en cuanto tengan conocimiento de un presunto delito contra el medio ambiente o si, por el contrario, como sucede en la actualidad, han de pasar previamente por el filtro del jefe de servicio, quien, en principio, no es agente de la autoridad.

El debate fue “resucitado” por Elkarrekin Podemos a través de una propuesta de resolución que respaldó EH Bildu. EAJ-PNV y PSE-EE votaron en contra. El PP, que podía haber marcado la diferencia, optó por abstenerse, de manera que la propuesta no prosperó y, por tanto, las cosas se quedan como están: el jefe de servicio seguirá filtrando, como hasta ahora, la información de los basozainas que recibe la Fiscalía sobre presuntos delitos contra el medio ambiente.

Para quienes no estén “en el secreto”, el debate puede parecer algo oscuro. Es por eso que vamos a intentar aclararlo en las siguiente líneas.

En 2021, la Fiscalía constató que, “antes de que los informes y atestados de los guardas forestales lleguen al fiscal, los jefes de servicio realizan una labor de análisis jurídico previo que corresponde exclusivamente al juez o al fiscal. Con tal proceder, muchos informes/atestados incoados por los guardas forestales no llegan con la premura precisa al fiscal, o se modifican antes de llegar al fiscal, perjudicando la necesaria celeridad con la que se debe responder penalmente ante hechos que puedan revestir caracteres de ilícitos penales” ⁽¹⁾.

Ante esta práctica, que había sido previamente denunciada tanto por basozainas como por Eguzki, la Fiscalía envió en 2022 un oficio a la Diputación para que en adelante le remitiera todos los atestados incoados por los guardias forestales en los que hubiera indicios de delito ecológico, sin que sus superiores pusieran filtro alguno, y añadía como fundamentos de derecho la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Diputación no solo no hizo caso al oficio de la Fiscalía, sino que se reafirmó en la práctica del filtrado, que quedó expresamente recogida en la Orden Foral 235/Ll/2022 de 11 de abril por la que se regula la tramitación de denuncias y procedimientos sancionadores.

El debate de la semana pasada en Juntas deja en evidencia que el asunto no está zanjado. A la luz de los fundamentos legales contenidos en el oficio de la Fiscalía de 2022, parece claro que el proceder de la Diputación, incluida la propia Orden, no se ajusta a derecho. Ahora bien, la Fiscalía ni la ha recurrido ni… ha hecho nada de nada. No es raro encontrar en las memorias anuales de la Fiscalía de los últimos años quejas por la falta de colaboración en materia de medio ambiente de tal o cual institución. Pero, claro, si ni ella misma cumple su parte...