El pasado 10 de octubre nacía Gu Gaitun, la federación de asociaciones que trabajan con el colectivo de personas que ejercen la prostitución en la CAPV. Irun, como no podía ser de otra manera, tuvo una mención nada positiva por parte de esta recién creada federación.
Igual que ya informábamos del nacimiento de Gu Gaitun denunciábamos en un artículo la política represiva que el ayuntamiento de esta ciudad tiene respecto a las personas que ejercen la prostitución. Por lo que se dio a conocer en la rueda de prensa de Gu Gaitun la situación represiva lejos de desaparecer ha aumentado. Amaia que ejerce de de presidenta de esta nueva federación denunciaba en una entrevista en eldiario.es que si bien la ciudad pionera en cuanto a la puesta en marcha de ordenanzas que criminalizan a las personas que ejercen fue la de Bilbao, ésta «no se está aplicando de forma tan dura cómo se aplica la de Irun». Esta ordenanza es calificada por Amaia como bastante dura, «en el sentido de cómo se está aplicando, porque se les está llevando a juicio por vía penal, es la vulnerabilidad puesta al 100% ejercida por la propia institución, lo que nos parece totalmente injusto». Son ordenanzas que lo que consiguen es invisibilizar a las personas que ejercen la prostitución en la calle.
La denuncia hacía la política ejercida desde la institución municipal tiene mención igualmente en el comunicado de la federación que denuncia que «se ha intensificado el acoso policial que sufren estas mujeres, ya que las están sancionando por ofrecer servicios sexuales en el espacio público de una manera sistemática, y la aplicación de esta medida (el multar), hace que las mujeres se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad». Destacan que estas multas no sólo están yendo por la vía administrativa, sino que están yendo por la vía de lo penal, lo cual según el propio comunicado, «conlleva a considerarlas criminales y ser susceptibles de tener antecedentes penales cuando el ejercicio de la prostitución en todo el Estado Español NO ES UN DELITO».
Una vez más la premisa municipal es ocultar un problema invisibilizándolo y criminalizando y castigando a las personas, en este caso el colectivo de mujeres que ejercen la prostitución, dejándolas en una situación de indefensión cuando se les debería cuando menos respetar sus derechos. Desde Gu Gaitun se indica que «la prostitución en la calle no es una cuestión de visibilidad (representan el 1% de la población atendida)». En lugar de velar, como decimos por los derechos de este 1%, a los y las representantes municipales parece preocuparles más el restante 99% de la población que parece que les molesta este 1%. Igual lo que hay que hacer es pedir una mayor implicación institucional en una sensibilización social mayor y no que se deje de ejercer medidas represivas.
El debate de la prostitución
Es interesante el discurso que quiere socializar esta federación demandando «un debate social y político sobre la prostitución, alejado de posicionamientos filosóficos enconados», siempre teniendo presente y prioritario «los derechos de las personas que ejercen la prostitución». Así lo que piden es algo muy lógico, «medidas legales que permitan a las personas que ejercen la prostitución defenderse de los abusos y explotación a la que se ven sometidas en cuanto a las condiciones que deben aceptar en los locales donde se ejerce esta actividad». Romper con debates interesados que continúan «confundiendo realidades como la trata de personas con fines de prostitución forzada y la prostitución ejercida por personas mayores de edad de forma voluntaria», y que se convierte en «una equivocación que dificulta la persecución de las redes criminales a la vez que criminaliza y estigmatiza a las personas que ejercen la prostitución».
Y algo tan fundamental como es la visualización y denuncia de las «situaciones de violencia que viven las personas que ejercen la prostitución (institucional, policial, por parte de los clientes, de parejas, de dueños de los locales...)» Así como el reconocimiento y respecto a las personas que ejercen la prostitución siendo ellas las que tomen las decisiones para la trasformación de la realidad de exclusión en la que viven. Siendo labor de todas la transformación de una sociedad donde lo único que se nos deja es el alquiler de nuestro cuerpo en el mercado laboral en el que producir para otros con o sin derechos.
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