La política de vivienda realizada, en las últimas décadas, no ha tenido como objetivo garantizar el derecho humano básico de disfrutar de una vivienda digna para la mayoría de las familias y personas. Sino que ha ido orientada a satisfacer unos intereses económicos privados, que han creado una burbuja que estamos pagando entre toda la ciudadanía. Esta realidad hace más necesario que nunca, una nueva política de vivienda orientada a las necesidades reales de la gente.

Según la Encuesta de Necesidades Sociales del gobierno vasco, 250.000 familias viven en estado de precariedad en la CAV. La mitad son pobres, y 90.000 personas son víctimas de la pobreza energética. Los desahucios ejecutados por entidades financieras, organismos públicos como Alokabide y particulares siguen creciendo. Se realizan más de 60 desahucios cada mes, siendo Kutxabank quien más desahucia. Esta entidad, como otras, prefiere malvender sus préstamos a "fondos buitre" en lugar de acceder a la dación en pago con alquiler social. Las políticas antisociales aplicadas actualmente sobre deudores
de buena fe deben corregirse y la entidad debe convertirse en una auténtica herramienta al servicio de la sociedad vasca, sus familias, y su tejido industrial.

El derecho fundamental a una vivienda, recogido en la Carta de Derechos Europea, se incumple sistemáticamente, y Etxebide registra 50.000 inscritos en demanda de una vivienda de alquiler.

Ante esta situación, la sociedad exige soluciones.

POR ELLO VAMOS A:
 - Potenciar viviendas de alquiler social que no superen el 30% de sus ingresos familiares o personales.
 - Dedicar los recursos de Irunvi en la cooperación del Programa Bizigune del Gobierno Vasco para la movilización de la mayor cantidad posible de vivienda vacía hacia el alquiler social.
 - Gravar la vivienda vacía, aumentando la presión fiscal Paralizar desahucios, para garantizar el derecho básico al techo, frente a la especulación y la burbuja inmobiliaria.
 - Negar la colaboración del Ayuntamiento en desahucios ejecutados debido a deudas provocadas por la crisis económica
 - No colaborar con cualquier entidad financiera que los ejecute.

IRABAZI Irun se adhiere al Decálogo de la PAH, y tratará de que se lleve a cabo los puntos del decálogo que sean competencia del municipio.

Como los que se refieren al parque público de vivienda social, exigencias del cumplimiento de Alokabide en Irun, pobreza energética, gastos y ayudas sociales,...

También nos proponemos rehabilitar el parque de viviendas, para acabar con las barreras arquitectónicas, impulsar la reducción del consumo energético y fomentar las energías renovables.

IRABAZI va a impulsar estas medidas en todas las instituciones en las que tenganrepresentación.

Algunos y algunas llevamos décadas defendiendo un modelo alternativo de vivienda que tenga en cuenta los intereses de la mayoría social, en lugar de los intereses económicos de unos pocos.

Quienes nos han llevado a esta situación en política de vivienda no están autorizados a seguir gestionando este tema, pues carecen de credibilidad, ya que son los responsables de esta desastrosa situación.

Nuestro ayuntamiento no puede ser neutral en el tema de la vivienda.

Siempre con los mismos argumentos, falta de competencia, que si diputación, que si el Gobierno Vasco, etc

Cada cuatro años prometen que van a invertir en vivienda, pasan los cuatro años y pasan otros cuatro años y seguimos igual.

Falta voluntad política. Hay que aumentar las partidas presupuestarias destinadas a gasto social, hasta garantizar las necesidades en materia alimentaria, habitacional, energética, sanitaria, educacional, y de atención a la dependencia.

 - Por el derecho a una vivienda digna.
 - Por la creación de un parque de viviendas de alquiler protegido.
 - Por un Irun libre de desahucios.