Cuando parece que la "brillante" época del ladrillo y la construcción desmesurada ha concluido hay quién aún parece anhelar tiempos pasados. Hay que recordar que el un único propósito de esta política de construcción desenfrenada era el lucro a costa de un derecho fundamental como el de la vivienda. Hoy el gran conjunto de las personas debemos sufrir los embates de esta nefasta política. "Todos y todas contentas mientras el ladrillo no se detenga y la vorágine crediticia no tenga fin" parecía decirnos nuestros guías espirituales de la macroeconomía aplicada al latrocinio financiero en seductores mantras.

Todas las personas teníamos el derecho, y por que no decirlo de esta manera, teníamos el "deber" de endeudarnos en la compra de una vivienda. Desde las administraciones, tan progresistas ellas, nos lo facilitaban con un pequeño número de viviendas en régimen de Vivienda de Protección Oficial para aquellas que no tuviéramos el inmenso privilegio de acceder a una hipoteca a 40 años de cientos de miles de euros. ¡Hay esas fantásticas como inalcanzables V.P.O! Hasta Alicia podía ser propietaria de un pisito en este País de las Chuches con un Euribor por los suelos y concediéndose créditos alegremente en cualquiera de las decenas de las sucursales que había en el pueblo. Sucursales de entidades bancarias que por cierto están desapareciendo de nuestro paisaje urbano a la misma velocidad que aparecieron y que encima tenemos que "rescatar". "¿Unos cientos de de miles de euros?", no se preocupe, hecho, y además llévese esta vajilla y un par de toallas, somos de total confianza, «qué puedo hacer, creo en el banco de Santander. Estamos con la gente, con toda la gente, la buena gente»^[1] ya lo cantaba La Polla Records en el 1985, allá en el siglo pasado. 

El Tsunami urbanizador^[2] reventó en nuestras vidas arrastrándonos a consecuencias personales y colectivas inimaginables hace unos pocos años. Una de las consecuencias, en este caso afortunadas, fue la paralización y/o ralentización de los proyectos de construcción. Bien es verdad que todavía esta paralización no es vista como una oportunidad sino como un pequeño contratiempo en espera de tiempos mejores. En definitiva, no se visualiza esta apuesta política y económica por el pelotazo urbanístico como lo que es, una de las causas que nos ha conducido a esta situación. 

Así todo parecen ser impedimentos para seguir con la fiebre constructora, «tras dos años en los que se han resuelto prácticamente todos los flecos de la tramitación urbanística (en la construcción de) más de 1.200 viviendas, más de 900 de protección, aparece una nueva traba»^[3] Al parecer la falta de crédito hace que la demanda de viviendas de protección esté empantanada. Se acabaron las vajillas y las toallas. Así la media de ofertas de adjudicación de estas viviendas «está en torno a cinco contando con el adjudicatario en el sorteo». Un ritmo que es capaz de «quemar» cualquier lista de espera. Hecho este que detrae las ansias de más ladrillo haciéndola «inaceptable económica y socialmente» pues dos y dos son cinco y no es posible «construir San Miguel-Anaka sin adjudicatarios». Lo de «socialmente» merece ponerlo en cuarentena viniendo de quien viene. Sobretodo cuando esto sólo parece «suponer un retraso en la operación». Y es que hay quien le cuesta aprender de lecciones pasadas. 

Este no es el único proyecto, están también los proyectos de Oinaurre y Alberto Larzabal. Todos proyectos que tiene el Gobierno Vasco en Irun y que «hay que abordarlos con rapidez, sobre todo los de alquiler protegido». ¿Alquiler protegido? Mejor no preguntar a qué se refieren pero seguro que su concepto está bastante alejado del alquiler social que manejan colectivos como STOP Desahucios^[4]. La pregunta es obvia, al menos para quienes nos gusta ir más allá y verlo todo críticamente. ¿Es necesaria la vivienda nueva para crear vivienda en alquiler social? ¿Es el alquiler social sinónimo de nueva construcción? ¿Es que no es posible el alquiler social sin nueva construcción? Lo que nos deberíamos preguntar es si es necesaria la construcción de nuevas viviendas teniendo en cuenta los miles de viviendas vacías existentes en el pueblo, y las que de forma desgarradora y silenciosa en muchos de los casos se están quedando las entidades bancarias y financieras despojándolas de sus propietarios y pasando estas a la extensa lista de viviendas vacías. 

Otras interesantes pregunta son: ¿a quién beneficia este ardor constructor? ¿a las personas y a su derecho de una vivienda digna o a las empresas ligadas al ladrillo? Al final es un claro traspaso de los recursos comunes de todas las personas como lo es el suelo a manos privadas con el objetivo último del lucro alejado de los intereses de las personas. En ningún momento se plantea modelos como un parque de viviendas públicas, es decir, de titularidad de los ayuntamientos, diputaciones y/o Gobierno Vasco que se alquilen o se vendan en la modalidad de usufructo. Modelos donde impera la racionalidad, es decir, construir según necesidades reales de las personas y no según necesidades especulativas. Evidentemente me he dejado llevar por el peligroso virus de la utopía, sin embargo, ¿no es más utópico seguir pensando que lo mismo que nos ha llevado a esta situación nos vaya a sacar de ella? Utópico, no, estúpido e irresponsable. ¡Viva el mal! ¡Viva el Capital! que diría la Bruja Avería. ¡Viva el cemento! ¡Viva el hormigón!