Como en años anteriores realizamos la valoración del trabajo realizado en la oficina de información sobre ayudas y derechos sociales "Erletxea". Que como todos los lunes seguimos abriendo de 12 a 13:30 horas en la Calle Mayor número 5; y con este año ya van tres.

Si bien hemos notado una continuidad en las demandas de información, sobre todo en lo relacionado con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y las Ayudas de Emergencia Social (AES), lo que nos estamos encontrando con gran preocupación es el aumento de las consultas referentes a la SUSPENSIÓN de alguna de estas ayudas con especial incidencia en la RGI. Estas suspensiones en primera instancia son de tres meses pasando a una segunda instancia a un año sin tener posibilidades de recuperar la RGI. Un año entero sin percibir ningún ingreso desencadena una terrible espiral donde una de las más graves consecuencias es la pérdida de la vivienda sobre todo en la modalidad de alquiler. Otra grave consecuencia recae sobre los y las menores de la unidad familiar, a quienes Lanbide no toma en consideración a la hora de la suspensión. De modo que Lanbide les deja en una situación de clara vulnerabilidad, algo que por otra parte ya ha sido denunciado por parte del Ararteko. En cuanto a lo local nos encontramos con casos de cerrazón y falta de cintura política para dar solución a ciertas situaciones desde el departamento de Bienestar Social del ayuntamiento. Donde las intervenciones se desarrollan desde un diagnostico errado que hace que no se aborden los problemas y se maree a las personas e incluso se las criminalice por su situación de precariedad, empobrecimiento, falta de recursos, etc.

Al final la imagen que nos deja visita a visita a la oficina al colocar las políticas sociales, tanto municipales, forales como autonómicas, y sus efectos en las personas empobrecidas y precarias, es la de la precariedad y el empobrecimiento más absoluto, constatando una escalada alarmante de las situaciones de desamparo e indefensión. Aumentando las consultas que se realizan desde una situación de máxima gravedad y urgencia.

La judicialización como herramienta de recorte social

A las situaciones de precariedad e indefensión de las personas que quieren ejercer sus derechos: acceder a las ayudas y prestaciones; se une el control social. Estas personas son condenadas a miles de requisitos burocráticos pensados solamente como una carrera de obstáculos para conseguir dos objetivos: o directamente la denegación de las ayudas por incumplir alguno de los requisitos o el abandono de la solicitud por no verse, la persona, capaz de superar todos los requisitos exigidos. Todo ello en situaciones de fuerte angustia y preocupación por lo que están viviendo llevando a muchas de estas personas a solicitar la intervención de los servicios de salud mental. Llegando a necesitar en muchas ocasiones medicación para tratar de superar la ansiedad y angustia que le genera su situación de indefensión. Las situaciones en muchos casos se eternizan a la espera de una respuesta por parte tanto de Lanbide como de los Servicios Sociales, una vez has entrado en el laberinto de las ayudas sociales, o en los peores casos se produce una negativa rotunda que les imposibilita el cobro de las ayudas, en ambos casos las personas son conducidas a tratar de sobrevivir sin recurso alguno.

Pero, lo que más nos estamos encontrando, como decíamos, son las suspensiones de la RGI-PCV. Ya el Ararteko ha instado a Lanbide a que modifique el sistema de suspensión automática ante lo que consideran un incumplimiento, puesto que la persona o las familias afectadas son sancionadas sin pedir explicaciones al respecto. Lanbide da por echo la “mala fe” de las personas perceptoras de RGI-PCV. Ante una suspensión tienes derecho a reclamar en primera instancia al propio Lanbide, si es la primera vez y entienden que la falta no es grave es muy posible que se te reactive la RGI, sin embargo, si consideran la falta como grave o es una segunda falta, aunque sea leve como la no asistencia a una cita con la orientadora laboral, la suspensión es de un año y tienes que reclamar en segunda instancia en un procedimiento contencioso administrativo. Lo que supone la solicitud de justicia gratuita y reclamar en los juzgados de Gasteiz, pues es allí donde se encuentra la sede central de Lanbide. Si las situaciones no son suficientemente angustiosas, plenas de un alto grado de impotencia ante lo que te está sucediendo, ahora tienes que luchar judicialmente contra la institución. Evidentemente la táctica por parte de Lanbide es clara, suspender a la mínima y obligar a la persona perceptora a reclamar ante un juzgado. Algo que no todas las personas hacen, bien por desconocimiento o por sentirse incapaz de llevar a cabo un procedimiento así. En ocasiones las suspensiones vienen acompañadas de la penalización que supone la multa de miles de euros por cobro indebido desde la fecha de la “irregularidad” que supuso el motivo de la suspensión y la comunicación de la suspensión. Entre ambas fechas hay una diferencia de meses que Lanbide reclama como cobro indebido. Más motivos que añadir a una situación de desamparo, indefensión y angustia.

Aunque, como hemos comentado, no es fácil mentalizarse de entrar en los laberintos de las denuncias judiciales animamos a todas personas que puedan estar con una RGI suspendida que realice todos los trámites y reclame, haciéndolo cuanto antes pues los tiempos en los plazos son importantes. Los datos nos dicen que el resultado es mayoritariamente favorable a la persona que reclama y contrario a Lanbide. Nosotras lo hemos podido constatar con un caso que hemos acompañado desde Erletxea.

Una vulneración más: la falta de información

Desde los comienzos de Erletxea hemos insistido mucho en la necesidad de dar y compartir información, de no acudir ni a Servicios Sociales ni a Lanbide sin conocer las ayudas que existen, cuales son los requisitos, qué te pueden exigir y qué no. Pues repetidamente nos encontramos con informaciones sesgadas, falta u ocultación de información, etc. Lo cual nos parece muy grave, sobre todo en el caso de los Servicios Sociales de Base. Cabría recordar que la labor de las trabajadoras sociales ha de ser la de informar de todas las posibles ayudas que le puedan corresponder a la persona que se acerca a los servicios sociales de base. Cierto que en ocasiones la ley deja claramente definidos los criterios y las personas quedan en una total indefensión provocada por una ley a todas luces injusta. Pero la realidad en muchas ocasiones es que se produce una falta de acompañamiento real de las personas, primando lo burocrático frente al trabajo social de base. Así se ciñe todo a un control social de vigilancia, en ocasiones policial, en el afán de comprobar si se cumplen dichos requisitos y así denegar o suspender las ayudas, en lugar de elaborar un diagnostico adecuado y una intervención individual o social efectiva, respetuosa, que dignifique a las personas y que no se las juzgue. Que impliquen un punto de partida para poder vivir dignamente.

Una de las recomendaciones que solemos dar es que se solicite toda la información y resolución por escrito. Puesto que es una grave vulneración de los derechos de las personas a la hora de hacer cualquier tipo de reclamación. Lo que no esta escrito no existe y ellas lo saben. Por esto, hay que recordar que toda persona que tiene derecho a conocer su expediente así como a tener por escrito cualquier acuerdo con la trabajadora social, con el objeto de que quede constancia de ellos a fin de verificar su cumplimento o reclamar su incumplimiento. Hemos comprobado de forma reiterada que desde el área de bienestar social del ayuntamiento, desde las trabajadoras sociales de base hasta su delegado, se niegan a entrega por escrito cualquier intercambio de información, recomendación o acuerdo, dejándolo todo en conversaciones telefónicas o presenciales sin ningún efecto. Ante lo cual la intervención que se pueda producir se deja a su mejor o peor voluntad sin posibilidad, como decimos, de confirmar su cumplimiento o reclamar su incumplimiento. Si existe una notificación en cuanto a la posterior resolución por parte del área de bienestar social pero no hay constatación escrita de lo hablado por lo que no se puede confirmar si lo resuelto fue lo hablado. Por una mayor transparencia y una mejora de las relaciones de debería sistematizar la recogida por escrito de lo hablado y acordado entre las dos partes, evitando así todos los malos entendidos entre las partes.

En cuanto a la información entendemos que esta no sólo se debería dar en el momento de acercarse a los servicios sociales sino que previamente las personas tendríamos derecho a tener conocimiento de la existencia de estos servicios y de cuales son las ayudas, prestaciones y programas que se pueden solicitar y donde tenemos que acudir para acceder a ellas. Sin embargo, hay una ausencia total de campañas de información de estas ayudas más allá de ruedas de prensa de las responsables contando las "excelencias" del trabajo realizado por el área mediante estadísticas y fríos datos.

Es necesaria mayor información no únicamente por parte de las instituciones, que es su obligación, sino que los agentes sociales, asociaciones de vecinales que más de cerca pueden vivir las situaciones de carencia de recursos de sus propios vecinos y vecinas, también se deberían abordar campañas informativas al respecto. Porque si no, situaciones estructurales: desempleo, precariedad laboral, pobreza energética, impagos de hipotecas,... las personas lo vivimos como un fracaso individual, en lugar de como un fracaso social, estructural.

En la actualidad más allá de una retórica electoral no se contemplan verdaderas políticas sociales tendentes a dar solución a los muchos problemas socioeconómicos que afrontan cada día muchas de nuestras vecinas. Las políticas sociales implantadas son meros parches basados en una política asistencial que en ocasiones roza la caridad. En lugar de políticas sociales que garanticen los derechos sociales de todas las personas, derechos como la vivienda y la subsistencia, que en definitiva garanticen el derecho a vivir dignamente alejándose de medidas que sólo sirven para gestionar la miseria.

Frente a las políticas de miseria y sus imágenes en el espejo

Desde Erletxea, Oficina de información sobre ayudas y derechos sociales creemos que tenemos que devolver desde el espejo la verdadera imagen de las políticas sociales, la imagen de la gestión de la miseria y el laberinto de precariedad.

Para devolver esta imagen creemos que es importante trabajar desde la información, la denuncia individual y colectiva y la exigencia de responsabilidades y de derechos.

Información como herramienta para lidiar con el entramado burocrático y de control que suponen los diferentes sistemas del “bienestar social”, en clave de derecho y no de limosna. Acompañando a las personas y no sustituyendo su protagonismo. Buscando el empoderamiento de las personas.

Denuncia, ante la vulneración continua de derechos. Frente al miedo, la denuncia tanto de situaciones individuales como colectivas supone un intento de desbordar los estrechos esquemas del laberinto. Dando a conocer estas situaciones a todas las personas, haciendo visibles las situaciones. Dejando ver que no son situaciones aisladas y por lo tanto no es necesario vivirlas individualmente sino de forma colectiva. Con idea de resolver situaciones urgentes, pero con la mira en que se den cambios más profundos.

Exigiendo derechos a quienes, desde posiciones de poder, los niegan. Las dinámicas del asistencialismo se sustentan en el discurso de la “maldición de la pobreza”. La exclusión social tiene causas estructurales que responden a un modelo de vivir y producir, no es una situación casual. Las políticas sociales tienen unos responsables concretos. Por eso la denuncia intenta trascender la coyuntura poniendo en el centro a las personas y no a la economía.

Porque entendemos que todos y todas tenemos derecho a una vida digna, a unos recursos suficientes que nos permitan desarrollar proyectos de vida autónomos.

Porque VIVIR DIGNAMENTE ES UN DERECHO, POR FALTA DE INFORMACIÓN NO TE QUEDES SIN DERECHOS.