Javier Salaberria, portavoz de S.O.S DESAMPAROS.- A finales del pasado mes de julio la Excelentísma Diputación de Gipuzkoa y en su nombre la Diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, lanzaba un llamamiento  de “urgencia” para pedir familias de acogida para menores tutelados por esta institución. Apelaba así a la solidaridad y buena fe de las familias guipuzcoanas para apostar por “un modelo donde se prioriza el acogimiento familiar frente al residencial”.

No ponemos en duda que las familias que se ofrecen para acoger actúan llevadas por su empatía y generosidad con los menores –algunos de ellos bebes recién nacidos-. No queremos pensar que lo hacen para obtener las importantes ayudas económicas que ofrece Diputación por cada menor acogido. Pero deben saber que se transforman en cómplices de un sistema criminal que está destruyendo familias enteras y hundiendo la vida de menores, madres, padres, amonas, aitonas y demás familiares y amigos de estas víctimas de los Servicios Sociales, tanto municipales como de Diputación.

Este agujero negro del Estado de Derecho que se traga derechos fundamentales de la ciudadanía, que es inconstitucional y que pervierte por completo el famoso principio del “interés superior del menor” presente en todas las legislaciones y tratados internacionales sobre menores, es completamente desconocido para la ciudadanía. Pero poco a poco van surgiendo casos sangrantes que están destapando esta realidad de calado social que no sólo afecta a nuestro territorio sino que es común en el estado, en Europa y en el resto del mundo. Además, los afectados se están organizando y coordinando a todos los niveles y en toda la geografía. Prueba de ello es la concentración internacional que se celebrará simultáneamente el 12 de septiembre a las 12 del mediodía en diversas  capitales europeas y sudamericanas. Plataformas, asociaciones y movimientos cívicos se están movilizando contra los abusos de los Servicios Sociales, sus “Guantanamos” de internamiento, y el negocio del robo legalizado de menores en nombre del Estado del Bienestar.

¿Imaginan ustedes que un policía, un edil, un técnico municipal, un médico o un profesor pudiera suspender sus derechos fundamentales sin necesidad de intervención judicial? Quizás en una dictadura o en un régimen autoritario, pero no en un estado que se define “social y democrático de Derecho.”

Decretar el desamparo de un menor es un mero acto administrativo cuyo origen son unos miserables informes plagados de juicios morales propios de otro tiempo y exentos de pruebas fehacientes y contrastadas. Así de simple y así de crudo.

Un juicio moral con una pena criminal: la suspensión del Habeas Corpus, la desaparición de la presunción de inocencia, la negación de asistencia legal, el olvido del in dubio pro reo, el internamiento de los menores en cárceles de lujo o en centros de tortura, la negación de un juicio justo y la indefensión absoluta frente a un ejecutivo que asume funciones judiciales ante la pasividad o complicidad de fiscalía y de jueces. Porque la ley se lo permite. Una ley para proteger a nuestros menores. Los protege de sus madres y padres. Los protege de ellos mismos, de su libertad y de su propia naturaleza y criterio. La Inquisición Española no lo hubiera hecho mejor.
 
Pero el colmo es que a veces la administración prevarica. No le basta con calumniar e injuriar a las familias; no le basta con falsear documentos públicos; con las negligencias profesionales de sus asalariados y subcontratas privadas. Incumple las propias leyes que dice aplicar. Y lo hace en beneficio de un negocio institucionalizado que alimenta a educadores, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, ONGs, congregaciones religiosas, fundaciones, empresas de seguridad, empresas de catering, funcionarios, etc. Un negocio que ya se ha cobrado en Cataluña algún cargo político por utilizar “puertas giratorias”.

Al igual que sucede en el mediático caso de Juana Rivas, las madres y padres de menores tutelados por Diputación estamos en pie de guerra. Nos asiste la razón y la defensa de los derechos más elementales, por encima de conveniencias y apaños políticos. Nos hierve la sangre cuando la institución apela a la solidaridad de las familias de acogida para con los menores desamparados, cuando esos mismos menores han sido arrebatados de los brazos de sus madres con una patada en la puerta de la Ertzantza, a veces en el propio paritorio de la maternidad. Muchas de esas madres han sido doblemente victimizadas, por la violencia de sus parejas y después por la violencia del sistema. No sólo no se las ampara, sino que se les dice: “sois malas madres” y se les arrebatan sus hijos. Otras sufren la violencia económica que les obliga a pedir una ayuda. Automáticamente son “intervenidas”. El propósito no es “rehabilitarlas” sino despojarlas de sus hijos para alimentar el negocio de los Servicios Sociales, como podemos demostrar en muchos casos.

Es cierto que hay desamparos justificados, pero no llegan al 10%. Aun en esos casos, debería ser un juez y no un funcionario quien ordenara la retirada de la custodia y la patria potestad de sus progenitores. El desamparo es como la amputación de un miembro, la última y extrema medida. Primero hay que hacer un diagnóstico certero e intentar una cura. Así lo determina la ley. Pero se está ignorando. Cada menor desamparado supone entre 3.000 y 6.000 euros al mes a la administración. Sólo en un año, en el estado se decretó el desamparo de 42.000 menores. Además, fundaciones, ONGs, asociaciones y demás reciben inyecciones de dinero provenientes de subvenciones que todos los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos.

S.O.S DESAMPAROS es la plataforma que se ha creado en el País Vasco para la lucha de las familias por recuperar esos menores que las diputaciones quieren entregar en acogida. Está en coordinación con otras plataformas estatales como MAREA TURQUESA y SIMICAT. No nos van a detener, ni amedrentar y no vamos a descansar hasta que nuestros hijos e hijas vuelvan a casa.