El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó en marzo de 2018 una sentencia por la que condena a España a devolver la multa que, a cambio de no ingresar en prisión, pagaron dos jóvenes condenados por quemar hace 11 años una foto del Rey durante la Diada. La justicia europea considera que esa actuación fue “una expresión simbólica de la crítica política” y que los tribunales   españoles, la   Audiencia   Nacional   y   el   Tribunal   Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión.

El Código Penal ofrece más protección a la Casa Real que a cualquier otra institución o ciudadano del Estado, a través del delito de injurias a la Corona (artículos 490.3 y 491). Por el contrario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida, en virtud de la cual los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario, han de permitir un mayor grado de crítica. Esto se justifica porque se tratan de instituciones públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano en el marco de una democracia.

Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el Consejo de Europa y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para quien la libertad de expresión es “la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas” añadiendo, además -en una Observación específica sobre este tema en 2011- la “gran importancia” que otorga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a “la expresión sin inhibiciones en el debate público sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática”. Es por ello, dicen literalmente desde Naciones Unidas, que “todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política”.

Recientemente el Parlament de Catalunya ha aprobado una resolución para reprobar el comportamiento del Rey por su discurso tras el 1 de octubre de 2017, donde alentó la confrontación y la tensión y, envolviéndose en una Constitución que ya no representa a toda la sociedad, se puso en la primera línea   del   bloque   reaccionario.   Una   irresponsable   actitud   que   estuvo acompañada de un tono bronco e indeseable. A esta reprobación se le ha unido la del Ayuntamiento de Barcelona.

Ante el acuerdo del Parlament, el Consejo de Ministros acordó pedir al Consejo de Estado que emitiera con urgencia su dictamen preceptivo para impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, pues el Gobierno consideraba "políticamente inaceptable" la proposición aprobada. A pesar de que el Consejo de Estado ha recomendado no acudir al Tribunal Constitucional, declarando que el Parlament es libre de hacer juicios políticos, el Gobierno lo ha desoído y anunció el pasado 26 de octubre que interpondrá un recurso contra el Parlament.

Hay que recordar que en el acuerdo presupuestario entre Unidos Podemos y el Gobierno se incluye la modificación de los artículos del Código Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona, así como recientemente ha sido aprobada a trámite en el Congreso una ley de protección contra la libertad de expresión, impulsada por Izquierda Unida, que recoge precisamente este acuerdo.

Por otra parte, los miembros del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en la Mesa del Congreso han denegado en las últimas semanas que ni siquiera se debata en esta Cámara la aprobación de una Comisión de investigación sobre los presuntos delitos que haya podido cometer el rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón.

A raíz de las grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, dadas a conocer por diversos medios de comunicación, hay indicios más que suficientes para iniciar esta investigación al monarca emérito. Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso donde se alegaba que la inviolabilidad del Jefe de Estado impedía esta investigación -algo que no compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos de naturaleza política refrendados por el Gobierno-, el pasado martes 23 de octubre se denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar a D. Juan Carlos de Borbón desde su abdicación en 2014, cuando formalmente dejó de ser inviolable para estar únicamente aforado.

En EZKER ANITZA-IU Bidasoa, creemos que resulta ya del todo inaplazable materializar una reivindicación democrática básica en este país como es la realización de un referéndum sobre Monarquía y República.

Por todo ello, la Asamblea de EZKER ANITZA-IU Bidasoa, ha registrado en el ayuntamiento de Irun, una moción para que se derogue el delito de injurias a la corona y para reafirmar el compromiso con los valores republicanos y la democracia, al igual que EZKER ANITZA – IZQUIERDA UNIDA, esta haciendo en miles de ayuntamientos por todo el Estado.

Salud y República

Ezker Anitza-IU Bidasoa