SOS Racismo Donostia.- Son varias las intervenciones policiales en los últimos tiempos sobre las personas que habitan en edificios abandonados en la zona conocida como El Infierno. La última el pasado lunes, 7 de septiembre.

El motivo alegado es siempre el mismo, la comisión de algún tipo de delito: robos, actuación violenta... Si sólo estuviéramos ante ese escenario, no dejaría de ser una de tantas actuaciones policiales necesarias para combatir los delitos o garantizar la seguridad ciudadana.

El problema se plantea cuando la actuación policial no respeta algunos derechos y cuando las autoridades municipales aprovechan para presentar la situación de las personas que habitan en ese espacio como un problema de orden público eludiendo su responsabilidad en esa situación.

En la actuación policial se repiten cuestiones que hemos criticado repetidamente en el pasado: colaboración de policía municipal y Ertzaintza en materia de extranjería que no es de su competencia con el resultado de la incoación de expulsiones a personas que no tienen su situación regularizada, sustracción de documentación identificativa (pasaporte) necesaria para las gestiones ordinarias, ocultación del número de identificación de los policías que intervienen, destrozos innecesarios en los registros que precarizan aún más las condiciones de vida de sus moradores...

El ayuntamiento, por su parte, elude su responsabilidad en la situación de calle en que se encuentran las personas que habitan en esos inmuebles. Su única preocupación es que sean desalojadas sin plantear alternativas. Se sigue eludiendo la necesidad de abordar el sinhogarismo existente en Donostia, al igual que en otras ciudades del territorio. Es una responsabilidad que atañe al conjunto de instituciones, ayuntamiento, diputación y gobierno vasco. En lugar de ello, se incide en una versión criminalizadora de estas personas. Se atribuyen responsabilidades a un colectivo por actos incívicos que cometan algunas personas.

Cualquiera que sólo posea sobre esta temática la versión que publicitan la policía y el ayuntamiento, y que es básicamente la que se difunde por la mayoría de medios de comunicación, sacará una conclusión criminalizadora de quienes habitan en El Infierno, lo cual es injusto para la mayoría de quienes se ven obligados a habitar allí, al carecer de alternativas, y sirve al ayuntamiento para eludir su responsabilidad en el mantenimiento de esta situación.