STOP Desahucios Gipuzkoa.- El 24 de enero no van a desalojar su vivienda, desalojo pedido a través de burofax por Solvia-Sabadell el 1 de septiembre, para comunicarles que no les renovaban el contrato de alquiler.

Las plataformas convocantes y Miguel Angel agradecemos la presencia de unas 80 personas a la concentración, destacando la nutrida participación de concejales de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Irun y Junteros-as de JJGG de Gipuzkoa y concejales-as de Donostia DE EH BILDU Y ELKARREKIN PODEMOS. Destacar también que la Alcaldía de Irun se ha comprometido a intermediar tras la concentración, PORQUE EL AYUNTAMIENTO DE IRUN, como otros muchos y las JJ.GG DE GIPUZKOA, se declaró LIBRE DE DESAHUCIOS de familias vulnerables instados por bancos, sus inmobiliarias y/o fondos de Inversión-buitres, al aprobar el 23 de diciembre de 2015 la moción presentada por STOP Desahucios.

Exigimos que se renueve el contrato social finalizado, por siete años con la prórroga automática de tres más, manteniendo el alquiler social de 315 euros, tal y como regula la LAU vigente, para que este matrimonio de AVALISTAS HIPOTECANTES de 78 y 75 años de edad, con pensiones modestas de 1174 euros y que percibe ayuda municipal de 198 euros, siga en su casa pagada de toda la vida.

Este drama que hoy viven Miguel Angel y Oliva es el de miles de AVALISTAS HIPOTECANTES, que garantizaron con sus viviendas ya pagadas los préstamos hipotecarios de familiares que éstos no pudieron pagar como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, por lo que los bancos han DESAHUCIADO y se han apropiado de miles de viviendas que han traspasado a sus INMOBILIARIAS y a FONDOS de INVERSIÓN para especular con su venta o alquiler.

Esta política especulativa no solo la practican los bancos sino también las propias Inmobiliarias, como Inmobiliaria Vascongada vendiendo sus viviendas al Fondo Buitre AZORA, quien tampoco está RENOVANDO con alquileres asequibles los contratos vencidos, al igual que los actuales propietarios de SOLVIA, que son el Fondo de Inversión LINDORFF-INTRUM, con un 80% de participación, y Sabadell con el resto.

Esto es lo que pretende SOLVIA:

no renovar el contrato de alquiler social por tres años improrrogables, firmado después de entregar su vivienda en Dación en pago al Sabadell como garantía del préstamo firmado por su hijo, y, una vez desalojados, alquilarla o venderla a PRECIOS ESPECULATIVOS.

Por tal motivo SOLVIA no ha respondido aún a nuestra JUSTA PETICIÓN, que estamos seguros que después de esta numerosa movilización y con la intermediación de la alcaldía de Irún, la vamos a conseguir.

MigueL Ángel Y Oliva se quedan en su vivienda con un contrato social de siete años y prórroga de tres.

La vivienda es un derecho no un negocio en manos de fondos buitres, inmobiliarias y bancos.

SÍ SE PUEDE