Erletxea se une a organizaciones feministas y por los derechos sociales de Bizkaia en la denuncia.

Ante el «25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres» Erletxea se une a las organizaciones feministas y por los derechos sociales que demandan menos palabras y más hechos. Nos unimos a la protesta contra los recortes a las prestaciones que perciben familias monomarentales, mujeres víctimas violencia machista, trabajadoras en precario, viudas o mujeres desempleadas.

El proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco introduce drásticos ajustes a los subsidios que perciben en un 60% mujeres: RGI, Incentivos a los empleos precarios, Complemento de Pensiones o las Ayudas de Emergencia.

Erletxea se une y hace suya la denuncia de media docena de organizaciones feministas y por los derechos sociales que se ha concentrado ante la sede del Gobierno Vasco en Bilbao para «denunciar la hipocresía de las administraciones que mientras realizan múltiples declaraciones institucionales en favor de los derechos de las mujeres diariamente recortan el acceso a los mismos».

La movilización convocada por La Posada de los Abrazos, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia, la organización Mujeres del Mundo-Babel, el colectivo Trabajadoras No Domesticadas, el Centro Asesor de la Mujer Argitan, la plataforma contra la exclusión social Berri-Otxoak y la oficina de derechos sociales -ODS- de Santurtzi.

«A pesar de las campañas institucionales de respeto hacia los derechos de las mujeres o contra la violencia machista, a la hora la verdad los servicios públicos, Lanbide o Etxebide, no tienen en cuenta las situaciones concretas y reales que sufren las mujeres: precariedad y feminización de la pobreza», han denunciado esta media docena de organizaciones de mujeres y sociales.

Estos recortes, al acceso a una vivienda o a prestaciones sociales dignas y suficientes, el Gobierno Vasco los aplica cuando en su propia «Encuesta de pobreza y desigualdades» señala que en el año 2020, «el 7,6% de los hombres y el 12,3% de las mujeres de Euskadi se encontraban en situación de pobreza; esto es, 219 000 personas en riesgo de pobreza, 139 000 son mujeres y 80 000 hombres. Además el 62% de las personas con serias dificultades para llegar a fin de mes en la CAV son mujeres; 187.000 mujeres y 117.000 hombres, 304.000 personas en total».

El Gobierno Vasco señala, además, que «la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años: 92 000 niños y niñas en la CAV están en peligro de pobreza o exclusión social, principalmente en hogares encabezados por mujeres».

A esta realidad debemos sumar, por otro lado, que decenas de mujeres en la CAV llevan desde hace varios meses, en algunos casos hasta llegar al año, sin acceso a una vivienda digna tras acudir a un recurso temporal para víctimas de violencia machista.

Cabe recordar que la actual normativa obliga a las instituciones a proporcionar de forma urgente una alternativa habitacional a las mujeres cuando se encuentran en recursos asistenciales por su situación de víctimas del machismo.

A esta política de recortes debemos añadir que desde hace 10 meses se lleva aplicando la «Instrucción JAR-DBE-023 de Lanbide», la cual impide a las familias monomarentales la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) si sus menores a cargo superan los 2 años de edad.

Así, una mujer con un bebé de «dos años y un día» que, debido a la crisis por la pandemia de COVID-19 y por no poder sostener sus necesidades básicas, se haya visto forzada a regresar a casa de sus familiares, ya no podrá tener acceso a la RGI, por lo que pierde el acceso a esta prestación y su autonomía económica, y pasa a ser dependiente de sus parientes.

La protesta pretende visibilizar los drásticos recortes recogidos en el proyecto de presupuestos del gobierno autonómico a las prestaciones que perciben en un 60% mujeres: RGI, Incentivos a sueldos bajos y empleos precarios, Complemento de Pensiones o a las Ayudas de Emergencia Social.

Así, la «irrisoria» subida del 3% a la RGI previsto por el Gobierno Vasco no alcanza ni a cubrir el alarmante incremento del IPC de estos últimos meses. Las mujeres pensionistas, viudas, desempleadas, con personas dependientes a cargo o empleos precarios verán recortados sus derechos, y cuantía de las prestaciones que las corresponde -según la actual legislación que las regula-, en 300€ mensuales.

Por otro lado, las Ayudas de Emergencia Social se recortan un 20%: 5 millones de euros menos de consignación para el año 2022.

Los recortes a las ayudas al alquiler se mantienen un año más: de los 320€ al mes del 2011 el próximo año será de 275 euros. Cuando el precio de los alquileres ha aumentado escandalosamente año tras año.

Estas diferentes prestaciones sociales las perciben principalmente familias monomarentales; víctimas de violencia machista; mujeres afectadas por un desahucio; trabajadoras en precario; viudas; mujeres desempleadas o sin recursos suficientes para poder llegar a fin de mes.

Los grupos feministas y por los derechos sociales vizcaínos, a los que se suma desde Irun Erletxea, mediante su protesta, han exigido que «Lanbide, Etxebide. y el conjunto del Gobierno Vasco, desistan en su política de recortes a los derechos que asisten a las mujeres y la infancia más vulnerable» y dejen de realizar declaraciones vacías de contenido real.

En Irun

Desde Erletxea, por su parte, señalan que «hay familias monomarentales en viviendas municipales con fecha de salida sin alguna solución habitacional más allá de la calle». Y se pregunta «cuál el el trabajo de intervención social con estas mujeres en la búsqueda de soluciones a sus situaciones de carencia de recursos y vivienda».

Según este colectivo en Irun principalmente son familias monomarentales, compuestas por mujeres desempleadas o sin recursos suficientes para poder llegar a fin de mes y sus criaturas las que copan las «situaciones a espera de soluciones y que se dilatan, con el aumento de angustia vital que comporta, y que no acaban de verse soluciones por parte de los servicios sociales», así, igual que las compañeras de Bizkaia, piden y denuncian que del mismo modo, las instituciones locales, «dejen de realizar declaraciones vacías que quedan muy bien en días señalados y se quedan en el papel y se lleven a cabo políticas de contenido real que den soluciones a las situaciones de violencia estructural a las mujeres».