Es preciso que el gasto público se oriente hacia los sectores más débiles de la sociedad, y que se reduzcan gastos prescindibles como la propaganda. En una época de crisis como la que vivimos, la racionalización y transparencia del gasto son esenciales para los ayuntamientos. Defendamos una política de gasto austera y racional, pero que priorice los servicios públicos y la inversión para crear empleo, a la protección social y a vivienda en alquiler.

Ver que esta crisis está afectando a una parte importante de personas y familias de nuestra ciudad nos impulsa a proponer medidas desde el Ayuntamiento orientadas al bienestar social, orientando y aumentando el gasto a su protección, y eliminando gastos como la propaganda.

Se ve cada vez más necesario incrementar ayudas sociales contra la pobreza energética agravada por el continuo incremento de los precios de la energía, agravando su situación económica de las personas en riesgo de exclusión social ayudas en reducciones en gastos de agua, basuras.

Proponemos una política de gasto público orientada hacia los sectores más débiles de lasociedad y  al bienestar social, reforzando la vigilancia para detectar colectivos en riesgo de exclusión laboral, y elaborando planes específicos con implicación de Lanbide, para parados de larga duración, mujeres, familias.

• En Irun no podemos aceptar que en las familias en riesgo de exclusión social, sus niñas y niños estén condicionados por la falta de recursos, para poder complementar sus estudios, practicar deportes, los debemos apoyar económicamente y proponemos:
• Ayudas para personas y familias para el pago de recibos de luz, agua, contribuciones.
• Asesoramiento en relación a los derechos y a los recursos sociales, a través de los Servicios Sociales.
• Garantizar el principio humano de asistencia, tanto domiciliaria como residencial, a todas las personas mayores que lo demanden o lo necesiten; primando la sanidad y la asistencia pública.
• Dicha atención se debe dar atendiendo al derecho que les corresponde y no por motivos economicistas. No puede ser que tanto las personas asistidas, como sus familiares vean mermadas drásticamente sus ingresos por estas razones. Se realizará un seguimiento, contando con instituciones, profesionales, asociaciones,... para garantizar que todas las personas que lo necesitan sean atendidas, y lo sean en las mejores condiciones.
• Tanto el ayuntamiento cómo la diputación foral deberán buscar cauces que garanticen dicho derecho. Contando con la financiación suficiente; y sin que suponga una sangría