En la mañana de ayer 14 de junio personas y familias usuarias del Servicio Vasco de Empleo han denunciado los recortes contemplados en la reforma de la RGI presentada recientemente por el Gobierno Vasco tanto en Bilbo como en Donostia.

#RGImurrizketarikEZ

A través de esta iniciativa la "Carta de los Derechos Sociales" se ha concentrado ante la oficina de Lanbide ubicada en la calle Mazarredo de Bilbo con el ánimo de protestar contra el agravamiento de las situaciones de pobreza de las familias perceptoras de la RGI actuales; y a futuro. De la misma manera se han concentrado delante de la sede del Gobierno Vasco en Donostia en la calle Andia. En ella ha participado Erletxea.

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES, POR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL PÚBLICO PROPIO! NO A LOS RECORTES! NO A LA POBREZA!

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, a través de personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo y perceptoras de la RGI, y en Bilbao ante la oficina de Lanbide en Mazarredo queremos hacer las siguientes consideraciones:

La propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos elaborada por los partidos que conforman el Gobierno Vasco (PNV y PSE), y buscando como aliado al Partido Popular (PP); a través de 15 modificaciones y 5 cambios en la normativa, presentadas por la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, Betriz Artolazabal. Medidas que nuevamente endurecen los requisitos de acceso y recortan los derechos ligados a esta prestación social.

Recortes que supondrán dificultar el acceso a unos mínimos básicos de subsistencia y que permitan acabar con la pobreza:

• Establecer una única prestación por domicilio, considerando a todas las personas que viven en la misma vivienda como miembros de la misma unidad de convivencia; por más que no existan relaciones afectivas, de consanguinidad o familiares, cuando distintas unidades de convivencia se ven obligadas a compartir el mismo domicilio porque son personas o familias con escasos recursos económicos e incapaces de afrontar de forma independiente los altos precios de alquileres e hipotecas existentes en nuestra comunidad.
• Desvincular la cuantía de la RGI al margen de elementos de la realidad laboral como el Salario Mínimo Interprofesional o de elementos objetivos como el IPC. Por lo tanto su actualización dependerá de la voluntad política de los partidos que negocien los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto los derechos sociales se encontrarán al albur de decisiones al margen de las situaciones concretas de pobreza o precariedad que sufren diversos y amplios sectores sociales.
• Justificar la políticas de recortes mediante continuas campañas de criminalización señalando como objetivo declarado acabar con los derechos sociales a través de estigmatizar a determinados colectivos, sectores sociales precarios o formas de socialización para hacer frente a la pobreza o garantizar con un mínimo de posibilidades de acceso a una vivienda digna como puede ser el compartir un domicilio.

No es la primera vez que asistimos a este tipo de recortes. Llevamos varios años, donde los ataques al sistema de protección social han sido continuos y severos. Reducción de cuantías, como el hachazo del 7% en los presupuestos desde el año 2012, el aumento de condiciones para poder acceder a dichas prestaciones (RGI/PCV/AES) o la reciente decisión de no aplicar del incremento del 8% en el SMI a las prestaciones gestionadas por Lanbide.

Los recortes indicados son los que están desmantelando el sistema de protección social. Un sistema que protege a menos gente y con prestaciones cada vez más bajas. Por ello decimos que hay políticas responsables y sujetos responsables. Quienes como la patronal usan las reformas laborales para degradar las condiciones laborales están creando cada vez más pobres. Quien, desde el ámbito político, desmantela, reduce la protección social y criminaliza a las personas perceptoras, está perpetuando la pobreza.

El Gobierno Vasco, los partidos que lo sustentan, sus aliados políticos; y en última instancia la Consejera Beatriz Artolazabal parece olvidarse, que la realidad de la pobreza y el aumento de la precarización de las condiciones de vida en Euskal Herria es un hecho incuestionable, no es una falacia.

Son muchos, demasiados, los sectores de la población con insuficientes recursos económicos para hacer frente a niveles mínimos de bienestar. Personas que lo pasan mal, muy mal; y las cuales no son criminales. Como lo demuestran los datos de la encuesta sobre pobreza hecha pública recientemente por el Gobierno Vasco.

Además, la creciente precarización de las condiciones laborales está aumentando la brecha social y ampliando el colectivo de trabajadoras y trabajadores pobres, que a pesar de contar con un empleo, no obtienen un nivel de ingresos suficientes para acceder a unas condiciones dignas de bienestar, y por lo tanto, se ven obligados a solicitar prestaciones sociales. En concreto, 12.321, el 20% de las personas perceptoras de la RGI. A ello hay que sumarle, los 15.706 pensionistas con pensiones de miseria que tiene que ser complementada con la RGI, un 30% de la RGI. Por lo tanto queda claro que el 50% de las personas perceptoras de RGI no tienen un problema de empleo, si no de bajos ingresos.

Sabemos, que la pobreza no es una consecuencia natural de la crisis. Al contrario, el uso combinado del deterioro de las condiciones laborales, junto con el desmantelamiento de los servicios públicos, responde a la lógica y objetivos de las políticas neoliberales, que necesitan y provocan la extensión de la pobreza para aumentar las ganancias de Confebask, Petronor, empresas constructoras, Iberdrola, las entidades bancarias o Kutxabank.

Nuestro objetivo ante esta reforma de la RGI, de la “Ley 18/2008 de 23 de diciembre para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social”, es lograr que se elabore una ley que luche de verdad contra la pobreza y evitar los recortes que supondrían un aumento significativo de la misma. El objetivo debería ser dar la vuelta a esa situación y lograr que nadie que sea pobre se quede sin acceder a la RGI; y que nadie tras acceder a la RGI siga siendo pobre.

Por ello decimos que tenemos alternativas a la pobreza laboral y a las vidas precarias que se nos quiere imponer: la apuesta por sistema vasco de protección social público, digno y de calidad. Un sistema que no recorte. Un sistema que garantice prestaciones y servicios de calidad, que posibiliten poder llevar a cabo un proyecto de vida libre y autónomo. Esta es la reforma del sistema de protección que reivindicamos, y por la que salimos hoy a movilizarnos ante unas de las principales oficinas de Lanbide en la CAPV.

ANTE LAS POLÍTICAS DE RECORTES, NOS REAFIRMAMOS EN LA APUESTA POR LA MOVILIZACIÓN PARA DAR LA VUELTA A ESTA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL Y EMPOBRECIMIENTO GENERALIZADO.