En el informe, que se publicará en su integridad en los próximos días en la página web de la Federación (www.sosracismo.eu), se recogen en torno a los 350 actos racistas en todo el Estado, de los que la mayor parte tienen que ver con el conflictos y agresiones racistas, racismo institucional, siguiéndoles a cierta distancia el resto de tipologías: problemas con la seguridad pública, denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos, discriminación laboral, denegación de acceso a servicios privados, problemas relacionados con agentes de la seguridad privada o casos relacionados con la extrema derecha o el discurso del odio. Estas cifras en palabras de Mikel Mazkiaran, Secretario General de SOS Racismo, suponen “más allá de las cifras, una fotografía de una realidad que debemos poner encima de la mesa para abordar soluciones que eviten, no sólo los insultos, agresiones o conflictos vecinales que sufren estas personas, sino también el deterioro en la convivencia en nuestras localidades”.

A pesar de que la cifra es similar en los últimos años, desde SOS Racismo se señala que “ciertos actos racistas que en los últimos años  sufren las personas día a día comienzan a verse como algo cotidiano que no merece la pena denunciar. Aun así, la mayoría de casos de discriminación siguen permaneciendo ocultos, bien porque se sigue normalizando, bien por el desconocimiento de las víctimas”. Como solución a esta cuestión la Federación ha puesto encima de la mesa la necesidad de generar mecanismos que trabajen para el reconocimiento y reparación de las víctimas de este tipo de delito, ya que esto permitiría generar consensos sociales no sólo para la lucha contra el racismo y la xenofobia en nuestro país, sino también para mejorar la convivencia en nuestro entorno”.

Asimismo, y como en años anteriores, se ha recordado la necesidad de seguir avanzando en el tratamiento de la discriminación, atendiendo de manera integral a las víctimas buscando unau reparación de los actos que sufren.
Por otro lado, la Federación ha indicado que la presentación de este informe en Irún responde a “la necesidad de visibilizar la práctica de las identificaciones por perfil étnico en la frontera hispanofrancesa, en la medida que se está constando que sólo las personas racializadas soportan controles de identificación en estos puntos”, desde la Federación se quiere recordar que es una práctica ilegal que vulnera el derecho nacional e internacional, por lo que a su juicio ha de ser “erradicada de forma inmediata”.

Sobre la cuestión de las identificaciones por perfil étnico, Alba Cuevas, coordinadora de SOS Racisme Catalunya, ha señalado que “es una realidad que estamos trabajando en los últimos años, y que no sólo se está normalizando, sino que a pesar de ser una práctica vulneradora de derechos, que puede contravenir la normativa nacional e internacional, está creciendo con el paso del tiempo”. Sobre esta cuestión se ha señalado que “este tipo de prácticas en las que un grupo de personas soporta un número de identificaciones policiales fuera de cualquier lógica, estigmatizan socialmente a estas personas racializadas, en la medida que la población las ve como un potencial peligro, tal y como estamos viendo en los medios de comunicación y en los discursos políticos de las últimas semanas”.

Como propuestas, además de la Ley Integral contra la discriminación y las medidas prácticas y legislativas de protección y reparación de las víctimas, la Federación ha puesto encima de la mesa “la Federación denuncia una vez más la banalización de los delitos de odio, que no están siendo tratados como delitos dirigidos a los colectivos vulnerables”. Por último, se ha reivindicado la erradicación  de la práctica discriminatoria de las identificaciones por perfil étnico en las fronteras y que en su lugar se centren en medidas de protección a los colectivos más vulnerables como víctimas de trata, menores no acompañados, potenciales demandantes de protección internacional etc.