Tras recibir el permiso de la Ertzaintza, la Policía Municipal de Donostia notificó a las entidades la prohibición de dicha acampada por prohibirlo la correspondiente ordenanza municipal y apercibir con la imposición de una sanción económica a todas y cada una de las personas que la protagonizaran así como al desalojo de la acampada.

Las entidades convocantes, mediante un escrito, solicitaron la autorización por entender que la finalidad de dicha convocatoria era, en ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación, derechos fundamentales protegidos por la Constitución española, la reivindicación a las instituciones de recursos para las personas sin techo. De forma que es evidente que la finalidad de la ordenanza es otra distinta. Entendemos que es muy grave el que se anteponga una ordenanza municipal al ejercicio de un derecho fundamental. Por otro lado, es una actitud discrecional y discriminatoria ya que con anterioridad, actividades idénticas se han desarrollado en el mismo espacio sin la intervención de la policía municipal. Al tiempo que dicha prohibición desmiente bellos discursos a favor de los sectores desfavorecidos de la población cuando esta corporación es incapaz de tener una interpretación flexible a favor de una de las pocas manifestaciones de apoyo a esos sectores.

Nos reafirmamos en el Manifiesto que convocaba a esta acción y exigimos al Ayuntamiento donostiarra que en los Presupuestos que debaten en estos momentos, se contemple una partida extraordinaria que mitigue la grave situación a que están expuestas decenas de personas en nuestra ciudad, la mayoría de ellas muy jóvenes.

Arrats elkartea, Red ciudadana de Acogida, SOS Racismo