Erletxea.- Tras su llegada el día de San Marcial y varias noches alojadas en una pensión llevan dos días durmiendo en la calle bajo la tejavana de la Estación de Irun. El pasado 24 de junio Irungo Harrera Sarea ya denunciaba como el mismo dispositivo para persona migrantes dejaba a una mujer embarazada en la calle. Al parecer hay cosa que no cambian volviendo a la más que injusta y deshumanizada normalidad de las instituciones que dicen "velar y proteger" a las personas más vulnerables.

Era la noche del 30 de junio, una mujer y sus tres criaturas llegaban del sur a la estación huyendo de una situación de acoso laboral. Era su propia trabajadora social la que le aconsejaba salir de allí y buscar aquí una nueva vida sin explotación laboral y violencia machista. Nada más llegar a ala estación siguen las huellas que Irungo Harrera Sarea ha colocado en el suelo indicando dónde se encuentra el Centro de Acogida de personas migrantes. Un centro que no se encuentra cerca de la estación.

Una vez en el centro se le informa por parte de las responsables del mismo que no tiene derecho a este recurso por disponer de un empadronamiento en otra comunidad autónoma. Por suerte para ella y sus tres criaturas, poco después, se encuentra allí mismo con el grupo de Gautxoris (personas de IHS que realizan el seguimiento nocturno a las personas migrantes que llegan a Irun) que avisan a la Policía Municipal con el fin de que puedan gestionar un alojamiento de urgencia y para que esta madre y sus criaturas no durmieran en la calle. Las gestión fructifica y esa noche duermen en una pensión.

Sin embargo, al mediodía desde la pensión se les informa que dado que los Servicios Sociales de Base se encuentran cerrados al ser un día festivo no se podían hacer cargo y que debían irse. No obstante, mediante personas de colectivos sociales se contacta con el SFUS (Servicio Foral de Urgencias Sociales) y consiguen que esa noche, la del 1 de julio, pernocten en la misma pensión. A la mañana siguiente las trabajadoras de SFUS comentan que se pondrían en contacto con los Servicios Sociales de Irun para que fueran estos los que se hicieran cargo de la grave situación de vulnerabilidad de esta familia monomarental dado que el SFUS es solo un servicio de emergencia y no disponen de recursos propios para dar soluciones más allá de la urgencia.

La "vieja normalidad" de nuestros servicios sociales

Cuando parece estar todo encaminado, pues queda en manos de los Servicios Sociales de Base, estos niegan haber recibido informe alguno del SFUS. No quedándose la cosa aquí acusan a la joven madre de irresponsable por haber emprendido el viaje. Una respuesta que parecen tener en su protocolo de actuación pues no es la primera vez que la esgrimen en casos parecidos. Además no contentas con ello le espetan que si no hay empadronamiento no hay derechos. Con lo que la solución que le plantean en "volverte por dónde viniste".

Poco importa que no pueda volver por llevar seis meses sin podre encontrar un empleo al haberse negado a acceder a las presiones sexuales de un patrón. Poco importa padecer de una enfermedad crónica como el asma. Poco importa que se encuentre en una situación de extrema vulnerabilidad e indefensión. Y poco parece importar que esta situación sea extensible a tres menores.

Ante esta situación insostenible la madre ha tomado la decisión de coger un autobús hacía levante.

Así es como "velan y protegen" a las personas más vulnerables, dejándolas en la calle y empujándolas a abandonar nuestra ciudad.

¿Era mucho pedir que en el caso concreto de esta familia se les permita acceder a una alternativa habitacional hasta que encuentren una habitación en alquiler para empezar una nueva vida entre nosotras?

¿Para cuándo viviendas y alquileres sociales en Irun? ¿Para cuándo todas las personas independientemente de su padrón puedan tener derechos a los bienes y recursos básicos?

No se puede consentir que esta falta de derechos sea aprovechado por las mafias engordando su negocio cobrando a estas personas empobrecidas y vulnerables negándoles el padrón en el lugar de residencia si no pagan más de 160€ por empadronarlas.

En cuanto al Servicio Municipal de Urgencias Sociales, al parecer, su implantación está en fase de valoración en cuanto a la necesidad. Es que una ciudad de más de 60 mil habitantes y con las peculiaridades que tiene ¿no es necesario un Servicio de Urgencias Sociales? ¿por qué han de tener que ejercer estas funciones la policía municipal? ¿o acaso ahora también son trabajadores y trabajadoras sociales?

Ante la grave situación que vivimos, y que se nos avecina, no parece que incidir en la dejación, la innoperatividad y la perversión del viejo hacer, o más bien el no hacer de los servicios sociales sea la solución a los problemas de las personas más vulnerables.