Gipuzkoako SOS Arrazakeria.- Más allá de los contagios y las personas de riesgo que han sido identificadas por los agentes sanitarios, en el ámbito de la intervención social queremos manifestar la situación de especial vulnerabilidad que sufren algunos colectivos.

Desde luego, creemos que esta pandemia supone una amenaza para los grupos sociales más desfavorecidos y los que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Sin duda, esta pandemia va a evidenciar la desigualdad social presente en nuestra sociedad y van a ser los colectivos más precarizados quienes sufran las consecuencias de esta emergencia en mayor medida.

Entre estos colectivos, hay varios directamente afectados por su situación administrativa de extranjería, sobre los que queremos llamar la atención de las instituciones y de los medios de comunicación.

Uno de ellos son las personas que se encuentran en situación de exclusión residencial. Estas personas ven agravada su situación pues difícilmente pueden cumplir el #QuédateEnTuCasa, porque, sencillamente, no la tienen. Además, el cierre de instalaciones a las que acudir motiva que no tengan lugares donde permanecer durante el día, que pasen hambre, que no puedan tener una higiene mínima al no poder acceder a duchas, lavabos... y, para colmo, se ven indefensos ante una presión policial que amenaza con multarles si están en la calle.

Otro de los colectivos son las cuidadoras y trabajadoras de hogar. Su indefensión ante las condiciones de trabajo en los domicilios es absoluta. Ninguna disposición ha sido tomada al efecto y se encuentran al albur de quienes les contratan, tanto para el trabajo que han de asumir como las condiciones en que se desarrolla el mismo. Además de tener que resolver los inconvenientes derivados del cierre de colegios y demás.

En todo caso, el grueso de personas migrantes va a verse afectada en no pocos de los trámites pendientes de extranjería que quedan paralizados por el Estado de Alarma y cuya especificidad no ha sido contemplada en ninguna de las disposiciones adoptadas.

La aplicación de estas medidas sin tener en cuenta las situaciones socioeconómicas y residenciales de esta población, constituye una aplicación de la norma que evidencia la falta de humanidad y compromiso con los derechos humanos de la administración pública, así como una utilización de la situación de emergencia para vulnerabilizar aún más a colectivos que están sobreviviendo en pésimas condiciones en nuestra sociedad.

Pedimos a las instituciones responsables de las medidas que se están implementando que tengan en cuenta la situación de estos colectivos, pongan en pie los recursos necesarios y cuenten con la opinión de las entidades que trabajan con los mismos.

Queremos una sociedad acogedora para todas las personas y unas garantías de protección ante la pandemia que protejan al conjunto de la ciudadanía independientemente de su situación social, administrativa o residencial.

La emergencia debe ser utilizada como una forma para mejorar la sociedad en la que vivimos y extender valores humanos y de solidaridad. Cualquier práctica que vaya en sentido contrario, solo retrata a las instituciones que las aplican y desde luego se alejan de las conductas prosociales y de solidaridad que se han puesto en marcha por la sociedad civil.