EH Bildu Irun.- El 17 de octubre se celebra el día internacional para erradicar la pobreza. Tal y como se recoge en los “Principios Rectores sobre la extrema Pobreza y Derechos Humanos” de Naciones Unidas: “En un mundo con un nivel de desarrollo económico, tecnológico y financiero sin precedentes, es un escándalo moral que millones de personas vivan en una pobreza extrema”. A nuestra sociedad no le resulta extraño este “escándalo moral”.

Antes del inicio de la crisis de Covid-19, la mayoría de los datos e indicadores mostraban claramente un empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Es cierto que una parte de la población “superó” la Gran Recesión, pero otra parte no lo hizo, y lo que es más importante, estaba cada vez más lejos de hacerlo. En 2018, en la CAPV se contaban 270.294 personas en situación de falta de bienestar, 40.000 más que hace dos años, y había 130.965 personas en situación de pobreza real, 8.000 más que hace dos años. Hay que recordar aquí que los datos de Irun son especialmente preocupantes, ya que, analizando los datos de Gipuzkoa, el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba en septiembre de 2019 que el barrio Pío XII de Irun presentaba la renta familiar media más baja, 22. 270 € por familia.

A todo lo anterior hay que añadir que uno de los principales problemas radicaba en que una de cada cuatro familias carecía de la capacidad suficiente para garantizar unas condiciones de vida dignas a medio y largo plazo; en nuestro país cientos de miles de personas no podían hacer frente a un imprevisto, por ejemplo al provocado por la crisis del Covid-19.

Por otra parte, el género, la edad y la procedencia son factores determinantes para hallarse en situación de pobreza. En 2008, el 33,9% de todos los casos de pobreza real se concentraban en hogares encabezados por mujeres, y en 2018, es decir, 10 años después, llega hasta el 50,6%. Si nos fijamos en los grupos de edad, la situación de los jóvenes de 15 a 24 años es la que más ha empeorado en los últimos años. Como los “ascensores” entre las diferentes posiciones sociales han dejado de funcionar, la pobreza se hereda de padres a hijos; es decir, la pobreza tiene un impacto especial y decisivo en la infancia. Y, además, la crisis del Covid-19 ha afectado especialmente a estos colectivos que ya tenían una difícil situación.

Pero la pobreza no se limita al aspecto económico, tal y como se recoge en los Principios Rectores de las Naciones Unidas “es un fenómeno multidimensional que incluye la falta de ingresos y de competencias básicas para vivir dignamente (...) la pobreza extrema se caracteriza por múltiples e interrelacionadas vulneraciones de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

Por tanto, las respuestas a dar deben tener en cuenta el carácter multidimensional para lograr la autonomía material y la plena integración de todas las personas.

Algunos quieren hacernos creer que la pobreza es un problema privado, una consecuencia “lógica” de los comportamientos individuales. La pobreza es un problema que afecta al conjunto de la sociedad. Es un problema público, y por lo tanto, político. Las políticas públicas que hemos conocido en los últimos años para hacer frente a la pobreza en nuestro país necesitan una transición. Debe ser un cambio de rumbo urgente; la crisis en la que nos encontramos no puede ser excusa, al contrario, debe ser un estímulo para actuar.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Irun,

1. Manifiesta su firme compromiso con la reducción de la pobreza. Por ello, muestra su disposición a adoptar las medidas económicas, sociales y fiscales necesarias para hacer frente a esta situación.
   
   
2. Insta al Gobierno Vasco a adoptar medidas urgentes para adecuar nuestro sistema de protección (RGI/PCV/AES) a las necesidades derivadas de la crisis del Covid-19. Y a corto y medio plazo, para que dé pasos hacia un sistema de protección basado en los principios de individualidad y universalidad.
   
   
3. Reivindica la centralidad del Sistema Vasco de Servicios Sociales para lograr la plena integración de las personas en la sociedad. Por ello, nos comprometemos a desarrollar y reforzar las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, e instamos al resto de las instituciones vascas competentes en materia de Servicios Sociales a que se adhieran a este compromiso.