Con un empeoramiento de la situación del colectivo durante la pandemia

Un año después de la suspensión de la XXIVª Martxa contra el Racismo a causa del estado de alarma decretado por la epidemia de Covid 19, sus organizadoras -SOS Racismo, Medicus Mundi Gipuzkoa y la Coordinadora de ONGD de Euskadi- retoman su convocatoria para el próximo 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La Martxa, que como todos los años discurrirá entre Pasaia y Donostia, respetará todas las medidas de seguridad exigidas en la situación pandémica actual.

Para esta edición, los colectivos que secundan la Marcha, un total de 68 –lo que supone un nuevo récord de apoyos a esta movilización anual-, han recuperado como eslogan central de la campaña el previsto para el año pasado “Tu papel es importante”, ya que no ha perdido vigencia. Y es que con él se quiere denunciar la situación de indefensión en la que sobreviven en su día a día las personas migrantes que no cuentan con papeles y la necesidad de movilización de la ciudadanía para darle la vuelta a esta situación.

Un ejemplo de las personas que se encuentran en esta situación son las que están pendientes de asilo, las mujeres trabajadoras sin contrato, las personas que aún no han conseguido el arraigo y no pueden trabajar, o las que están en situación de calle. En definitiva, a las que la falta de papeles les obliga a vivir el infierno diario de la ausencia de todo tipo de derechos, agravada ahora para muchas de ellas con la epidemia del coronavirus, y que tratarán de reflejarse en la campaña de denuncia en redes sociales y a través de los medios de comunicación.

Sin papeles, pero con derechos

La existencia de inmigrantes en situación administrativa irregular es un fenómeno estructural de los procesos migratorios modernos. No obstante, todas las personas, más allá de cuál sea su situación administrativa, son sujetos de derechos por el hecho de ser personas. Así, la legislación española y el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación de los hijos y a la percepción de prestaciones sociales básicas con el requisito del empadronamiento, y reconocen asimismo el derecho a la asistencia sanitaria de urgencias, a la libertad de expresión y de reunión y a la libertad de asociación sindical.

La irregularidad administrativa, vivir en el país sin ser titular de un permiso de residencia, no constituye delito. Es una falta administrativa que puede ser sancionada con la expulsión o con una multa. Pero ninguna persona es ilegal. Puede cometer actos ilegales, delitos; pero la “ilegalidad” no es atributo de una persona. A su vez, todos los países, reconociendo de facto ese carácter estructural, tienen mecanismos, ordinarios y extraordinarios para pasar de la irregularidad a la regularidad.

La Ley de extranjería, fuente de desigualdad

“La condición de persona extranjera, en cualquier país, -relatan desde SOS Arrazakeria, coorganizadora de la Martxa- siempre está más o menos cargada de consecuencias. No es ciudadano o ciudadana a parte entera” y eso implica diferencia de derechos en diferentes campos. Esto es consecuencia de que el mundo está organizado en Estados nación celosos de su soberanía, y todos, de unas maneras u otras, diferencian las personas nacionales de las extranjeras. Aquí esa desigualdad está simbolizada en la Ley de Extranjería, que es la que la organiza y da forma.

Y, si la condición de extranjero en general está cargada de consecuencias, mucho más la de persona extranjera en situación administrativa irregular. Aunque esté empadronada y ese hecho le confiera ciertos derechos y reconocimiento, no puede disponer de un contrato de trabajo, aunque trabaje, por ejemplo, como empleada de hogar. No puede estar dada de alta en la Seguridad Social, aunque muchas veces trabaje. “Así, para muchas empleadas del hogar su actividad está abocada a la economía informal, donde la relación es verbal y se dan todas las condiciones para la explotación descarnada. No puede reagrupar a su familia y pueden ser objeto, tras el correspondiente expediente administrativo y judicial, de una expulsión por estancia irregular. Su situación, además, mientras pasa el plazo necesario para la regularización, es de una gran vulnerabilidad laboral, social y administrativa”, denuncian desde SOS Arrazakeria.

Por la regularización de quienes ya forman parte de esta sociedad

El 16 de enero de 2020, el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá declaró, que el 80% de los ciudadanos y ciudadanas de este país cree que el Gobierno debe desarrollar políticas de integración. En este sentido, los colectivos que secundan la Marcha consideran que las políticas de integración que se impulsen tienen que contemplar que hay miles de personas en situación administrativa irregular y que, por lo tanto, y como primer paso, hay que facilitar su regularización.

Los sistemas de arraigo que se pusieron en marcha en el año 2000 supusieron un salto adelante importante, pues permitían pasar a la regularidad mediante una forma tasada, proporcionaban un horizonte de regularización posible y no se dependía solo de decisiones extraordinarias. Pero, desde entonces, han pasado veinte años y habría que ver las razones de la persistencia de la irregularidad y los elementos disfuncionales del propio sistema actualmente en vigor. Por ello, desde los colectivos que apoyan la Marcha, plantean la necesidad de reducir la exigencia actual de tres años de empadronamiento, al tiempo de arbitrar mecanismos para que el contrato de trabajo facilite el acceso a la regularización.

La actual pandemia ha traído también como consecuencia un aumento de la irregularidad, al perderse un importante número de puestos de trabajo que imposibilitan la renovación de no pocos permisos de trabajo. Es por ello más urgente que nunca un proceso de regularización, en tanto se acaban con las desigualdades consagradas en la Ley de Extranjería.

Para la creación de la campaña de comunicación y denuncia de este año se ha vuelto a contar con el alumnado de Gráfica Publicitaria del IES Usandizaga. De hecho, dicha campaña lleva en marcha un año, pues ya se había iniciado en redes sociales antes de la declaración del estado de alarma y continuará al menos hasta la celebración de la Marcha con los hashtag #martxa2021, #TuPapelEsImportante y #ZurePaperaGarrantzitsuaDa.

Las organizaciones que apoyan la XXIVª Marcha contra el Racismo y la Xenofobia son: SOS  RACISMO, MEDICUS  MUNDI GIPUZKOA, COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI, ADISKIDETUAK, AGISAS, ALBOAN FUNDACIÓN, AMHER, AMNISTIA INTERNACIONAL, ARRATS, ASOCIACIÓN ADECO, BEHAR  BIDASOA, BIDEZ  BIDE ELKARTEA, CALCUTA  ONDOAN, CEAR EUSKADI, CITE-CCOO, DARKUM, DENON  ELKARTEA, DONOSTIAKO SAHARAKO LAGUNEN ELKARTEA, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS EUSKADI, EGIA BIZIRIK, EGK, EH BILDU, EHGAM, ELA  SINDIKATUA, ELAN-EUSKADI, ELKARTEAK, EMAKUMEEN  ETXEA, EMAÚS  FUNDACIÓN SOCIAL, ENRAIZA DERECHOS• ESK, ESPERANZA  LATINA, ETIOPIA UTOPIA, EZKER ANITZA-IU, FISC EUSKAL HERRIA, FUNDACIÓN  ADSIS, FUNDACIÓN  PAZ Y SOLIDARIDAD DE EUSKADI, GRUPO PEÑASCAL, HAURRALDE FUNDAZIOA, HIRITARRON HARRERA  SAREA/ RED DE ACOGIDA CIUDADANA, HELDUAK, INFERNUA BIZIRIK, IRUNGO  HARRERA SAREA, KOLORE  GUZTIAK, KOMITE INTERNAZIONALISTAK, LAB SINDIKATUA, LETAMAN GAZTETXEA, LOIOLA ETXEA, MALEN  ETXEA, MATIZ, MUGARIK  GABE, MUGEN  GAINETIK, MUNDUBAT, ONDOAN TOPAGUNEA, ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK, PLAZANDREOK, PODEMOS, PROCLADE, PROYDE-PROEGA FUNDAZIOA, SALVAMENTO MARÍTIMO HUMANITARIO, SETEM HEGO HAIZEA, SODEPAZ  EUSKADI, STEILAS, STOP DESHAUCIOS GIPUZKOA · TAU  FUNDAZIOA, ZAPOREAK, ZERO  POBREZIA