La Diputación clausura puestos de caza en Jaizkibel, donde el fin de semana fue abatido un halcón

Eguzki Grupo Ecologista y Antinuclear.- La Diputación ha requerido la clausura temporal de algunos puestos de caza la línea Leuta-Guadalupe-Faro, en Jaizkibel, en el entorno donde el domingo fue abatido un halcón peregrino (Falco peregrinus). Se trata del tercer ejemplar (conocido) de especie protegida abatido por disparo de escopeta en lo que va de mes, pues, tal y como denunció Eguzki ante la Fiscalía, el 6 de octubre fue recogida en Errezil un águila calzada (Hieraetus pennatus) y el 16 en Segura un elanio azul (Elanus caeruleus). El águila murió poco después y el elanio se recupera en Arrano Etxea.

Eguzki celebra que la Diputación haya decidido abandonar la inacción ante un problema que no es puntual, sino crónico. Nuestras denuncias sobre este tipo de casos en los últimos años han ido acompañadas habitualmente de esta pregunta: «¿Para cuándo el cierre de una línea de caza en la que se hayan abatido especies protegidas?». Pues parece que ese día ha llegado. Falta por ver si es una manera de salir del paso, en un mes en el que se acumulan los casos, o es consecuencia de que verdaderamente ha decidido corregir su política en este ámbito.

También la Federación de Caza se ha visto en la necesidad de emitir un comunicado en el que condena estos abatimientos por disparo de especies protegidas, cuyos responsables, como venimos denunciando, raramente son identificados, a pesar de que a menudo están rodeados de cazadores «legales».

¿Por qué las denuncias no llegan a la fiscalía desde la propia Diputación?

La decisión de la Diputación coincide además en el tiempo con las denuncias interpuestas por Eguzki en la Fiscalía por los casos del elanio de Segura y el águila calzada de Errezil. En ellas reclama no solo que se identifique a los autores de los disparos, sino también esclarecer por qué no es la propia Diputación la que denuncia este tipo de hechos ante la Fiscalía.

Cabe señalar que abatir una especie protegida puede ser delito, castigado incluso con pena de cárcel. Y que las autoridades, en cuanto tienen conocimiento de que se ha cometido un presunto delito, están obligadas a comunicarlo al fiscal o al juez, sin que puedan decidir qué comunican y qué no, como, al parecer, sucede en la Diputación en este ámbito de las especies protegidas.