Desde que ordenó el cierre de fronteras en 2015 a raíz de una serie de atentados, el Gobierno francés ha prorrogado esta orden en reiteradas ocasiones y numerosos actores han denunciado el control continuo en las fronteras, sobre todo con destino a las personas migrantes. Ahora, la denuncia llega al Consejo de Estado, importante órgano del poder judicial.

El cierre de fronteras fue ordenado por el entonces presidente François Hollande para un mes en 2015, pero los controles en las fronteras ya se han hecho habituales -hasta en quince ocasiones Francia ha solicitado la prórroga del estado de excepción ante Bruselas-, incluso en las fronteras entre Hegoalde e Iparralde. Numerosos agentes, entre ellos Irungo Harrera Sarea, han denunciado la situación, recordando que como consecuencia de estos controles son varios las personas migrantes que han puesto en riesgo su vida y han fallecido intentando cruzar la frontera por otras vías.

Según explican en Naiz, en base a una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -un ciudadano austríaco que denunció haber sido sometido a un control en la frontera entre Eslovenia y Austria-, en el Consejo de Estado de Francia se ha presentado una denuncia por parte de cuatro asociaciones dedicadas a los migrantes: Anafé, Gisti, Cimade y la Liga de Derechos Humanos. Estas asociaciones argumentan que las prórrogas solicitadas por el Gobierno francés son ilegales y atentan contra la libre circulación de personas.

El Tribunal de la Unión Europea, en su resolución, lo ha dejado claro: sólo una nueva amenaza puede justificar la prórroga del cierre de fronteras.

Fuente: argia.eus