Erletxea.- Este lunes 17 de octubre se conmemora el “Día para la Erradicación de la Pobreza”. Desde el colectivo Erletxea quiere denunciar el acuerdo del Gobierno Vasco y Unidas-Podemos para reformar la RGI que finalmente “endurecerá los requisitos de acceso y recortar aún más los derechos del colectivo de personas solas, pensionistas y familias con menores a cargo, además de penalizar a las personas que comparten pisos de alquiler”.

Con respecto al proyecto de reforma de la RGI Erletxea afirma que “la actual reforma de la RGI se hace a espaldas de las personas y familias más vulnerables y precarizadas, empobreciendo aún más a quienes menos tienen”. Así según la memoria económica “esta reforma de la RGI supondrá un coste de 42 millones de euros. El ahorro del Gobierno Vasco a cuenta de la gestión del IMV está siendo de 188 millones de euros. El Gobierno Vasco y Unidas-Podemos recortan el sistema de garantía de ingresos cuando existen, como mínimo, 146 millones de euros para revertir los recortes aplicados durante la última década y ampliar los derechos sociales”.

En concreto, el documento aprobado por el Gobierno Vasco y Unidas-Podemos “mantiene los recortes entre el 20% y un tercio aplicados desde el año 2012 a las cuantías de la RGI”, según el colectivo social. Asimismo, “se retira la actual indexación de la cuantía de la RGI al SMI”. La cuantía se establecerá “ahora al albur de lo que crea conveniente el Gobierno Vasco de turno, sin tener en cuenta los parámetros de pobreza de la Comunidad Autónoma Vasca”, denuncia Erletxea.

Por otro lado, según la actual legislación, la RGI debería situarse en 1.026€ mensuales (en 12 pagas); sin embargo, explica Erletxea, “esta nueva normativa la sitúa en 800 euros, lo que supone dejar de percibir 226 euros cada mes. Las familias pensionistas, o con personas dependientes verán recortados sus derechos y cuantías de las prestaciones que les corresponden por la actual normativa, en 154 euros mensuales. En concreto, el complemento de pensiones que gestiona Lanbide debía ser según la actual regulación de 1.167€ (en 12 pagas) y se establecerá según el nuevo proyecto de Unidas-Podemos y Gobierno Vasco en 1.013 euros mensuales”.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno Vasco y Unidas-Podemos también ratifica uno de los principales recortes introducidos en el año 2012 penalizando a las personas que comparten pisos de alquiler “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de la RGI la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”. “Castigando, de este modo”, denuncian “a las personas y familias más vulnerables y precarias que son las que se ven obligadas a compartir piso”.

El proyecto de reforma de la RGI acordado entre Gobierno Vasco y Unidas-Podemos conserva los recortes a las ayudas al alquiler “de los 320 euros del año 2011 con la nueva redacción serán 275 euros mensuales. Cuantía que no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler”.

Erletxea denuncia con contundencia que “se continúa en la senda de la criminalización de la pobreza. El anteproyecto de ley del Gobierno Vasco, al cual ha dado validez Unidas-Podemos”, pues insiste “en el empleo de sistemas biométricos, como la huella dactilar y reconocimiento facial”. Hecho cuestionado por la 'Agencia Española de Protección de Datos' “a raíz de la denuncia de varias personas usuarias de las oficinas del Lanbide”.

“Desde Gobierno Vasco y Unidas-Podemos”, denuncian, “se estigmatiza a las familias usuarias como proclives al 'fraude', cuando este es irrelevante: no llegando ni al 0'5% de todas las prestaciones gestionadas”. Es más, se introduce que el personal de Lanbide podrá “acceder al domicilio de las personas titulares de las prestaciones”.

Hay que tener en cuenta que en sus 33 años de historia las políticas sociales del Gobierno Vasco, y ahora con la aquiescencia de Unidas-Podemos, han sido incapaces de proteger a las familias de la CAPV. Cada año un tercio de la población en situación de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos, 54.197 personas; y las personas que acceden a la RGI que no salen de la pobreza llega hasta las 67.306 personas. Todo ello según datos del propio Gobierno Vasco.

Cabe destacar que los recortes recogidos en esta nueva propuesta de reforma de Unidas-Podemos y el Gobierno Vasco repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de las personas residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes. En concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 19,9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 56% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.

Asimismo, el Gobierno Vasco señala que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años: 92 000 niños y niñas en la CAV están en peligro de pobreza, principalmente en hogares encabezados por mujeres.

En Irun

A día de hoy el desempleo según datos de Lanbide es del 12,87%. Desde 2018 a 2020 el número de contrataciones han caído en picado, de casi 2.200 a algo más de 1.500, con un progresivo aumento de personas desempleadas en el mismo periodo, subiendo de más de 3.400 a más de 3.700. En cuanto a edades el grueso de personas desempleadas, un 83,41%, se lo llevan las personas de entre 30 a más de 45, “siendo el porcentaje de las personas mayores de 45 años de más de la mitad de las personas desempleadas en nuestra ciudad”. Y de todas las personas en desempleo el 56.76% corresponde a mujeres.

Con respecto a las cifras de la RGI, según las cifras de agosto, hay en Lanbide 1.226 expedientes activos como así los denomina Lanbide. Estos expedientes afectan a unas 2.043 personas, es decir, que 2.043 personas cobran la RGI en alguna de sus modalidades. Destacar que 60,4% de los expedientes corresponde a mujeres, son 674 los expedientes que cobran además el complemento de vivienda, 391 expedientes corresponden a personas pensionistas y 170 corresponden a la Renta del Complemento del Trabajo, es decir a personas con empleos.

La falta de empleo aumenta y con ello las situaciones de falta de recursos en Irun aumentan. La falta de recursos repercute en la falta de una vivienda digna y por consiguiente en una vida digna. Mientras, “parece que el único consenso dentro del consistorio es un Pacto por la Seguridad y la Convivencia, sin que se intuya por ningún lado la misma motivación para futuros pactos por la vivienda o la propia erradicación del empobrecimiento”.

“Cada día hay poco que celebrar y si mucho por lo que pelear”.