El hecho de haber informado sobre las torturas sufridas por esta presa vasca no «certifica» su sufrimiento, según el Supremo.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 24 años de la Audiencia Nacional de España a la presa vasca Iratxe Sorzabal, y no ha considerado creíbles las denuncias de tortura formuladas por Sorzabal tras cinco días de detención e incomunicación de la Guardia Civil en el año 2001.

Sorzabal, presa en El Estado francés, fue enviada al Estado español en septiembre de 2022, a instancias de la Audiencia Nacional, tras cumplir la sanción impuesta por la administración de justicia francesa. La Audiencia Nacional Española le condenó a 24 años y medio en el juicio celebrado en febrero del año pasado acusada de participar en un atentado perpetrado por ETA en Gijón, España. La presa denunció las torturas en el juicio.

Los y las abogadas recurrieron ante el Tribunal Supremo del Estado español porque consideraban que a ella también le es aplicable la doctrina Atristain. En el caso de Xabier Atristain, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que España violó sus derechos al no permitir la elección de un abogado de confianza. Sin embargo, según el Supremo, no basta con denunciar las torturas ante una organización no gubernamental, lo que no «certifica» que las haya padecido. Aunque reconoce que el derecho de la persona detenida a comunicarse con su abogado-abogada es fundamental, añade que a esa comunicación se le pueden imponer unos «límites» en los casos de «terrorismo».

La Comisión Europea para la Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional consideraron probadas las denuncias de tortura de Sorzabal y la defensa presentó estos informes en el Supremo. El Jurado ha elogiado al Consejo de Europa y a Amnistía Internacional, pero en relación a los informes de torturas de Sorzabal, dice que estos documentos no pueden ser «aceptados acríticamente».

Publicada originalmente en eukera en berria.eus