Tras la negativa del Gobierno Municipal de Irun a su petición, las sociedades memoriales mantienen la esperanza de que las excavadoras no accedan al derribo del pabellón de la calle Aduana. El único recinto franquista de Gipuzkoa que se mantiene en pie, “Pequeña Velocidad”, continuarán su labor de protección y conversión en espacio de memoria antes de que sea tarde.
La semana pasada el alcalde José Antonio Santano ha instado al Gobierno español a convertir el Puente de la Avenida de Irun en un espacio de memoria, teniendo en cuenta la nueva Ley de Memoria Democrática. Esto ha generado malestar en la coalición de gobierno municipal. Como es obvio, Santi Jimenez (Ezker Anitza) hizo la petición sin compartirla con el representante municipal de la Memoria Histórica, quien denunció en sus redes sociales que la decisión "se toma con respeto".
En cambio, al hilo de la memoria histórica, el acuerdo adoptado por la coalición de gobierno municipal en el último pleno municipal del mandato también ha supuesto un deterioro en sus relaciones con las asociaciones memorialistas de Irun. La coalición de gobierno municipal PSE-EE/Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza rechazó la petición presentada por las asociaciones memorialistas de apoyar el pabellón 'Pequeña Velocidad', que fue un campo de concentración franquista. Se presentó una moción alternativa, "sin mostrar en ningún caso la voluntad de proteger el edificio", dicen representantes de las asociaciones, "y sólo en un espacio de memoria de la ciudad que ha anunciado el gobierno, con el compromiso de salvar o conservar alguna parte o símbolo simbólico del edificio".
Se debe a la memoria de miles de represaliados
Según investigadores de la Universidad de Pau, entre los años 1939-1942, desde Irun entraron 98.000 personas. De hecho, el jefe de la izquierda francesa, Leon Blum, dio inicialmente la bienvenida a la avalancha de gente huida de la amenaza franquista, pero en marzo de 1938 se hizo cargo del gobierno el radical Édouard Daladier, que tras ganar la guerra el franquismo encerró a muchos republicanos y republicanas en los campos de «internamiento» que abrió en las playas de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Barcarès. También las vecinas Rivesaltes, Agde, Bram, Septfonds, Le Vernet, y la mayoría de los vascos y vascas tuvieron que trasladarse al recinto Gurs, en el departamento pirenaico.
Después, Francia les permitió ir a la Guerra Mundial, o en el mejor de los casos ir al extranjero y perpetuar el exilio (como hicieron 25.000 republicanos a México, Chile, Argentina o Venezuela), con el riesgo de ser represaliados y represaliadas con la alternativa de volver a la España franquista. En aquel escenario, de los cinco campos de concentración de los que se benefició el franquismo en Irun, sólo uno se mantiene en pie.
Según Marijo Nogués, de la asociación Nicolás Gerendiain, "es un edificio muy importante, al menos 4.000 republicanos, socialistas, abertzales y comunistas que regresaban del exilio francés tras la guerra civil fueron represaliados en ese pabellón a otros campos de concentración o cárceles". Sin embargo, están convencidos de que ni el 1% de los irundarras tiene noticias de este pabellón.
Juan Mari Arrozpide, miembro de la asociación Kepa Ordoki, Memoria Histórica Bidasoan, afirma que "se cayó en el olvido del régimen y se lo debemos a la memoria de aquellos represaliados, y qué fue la socialización de la Pequeña Velocidad". Es responsabilidad de las autoridades detener la demolición del pabellón en sus incendios. Pero como es bien sabido, se encuentra en las áreas de suelo de la institución ADIF, y dentro del proyecto Vía Irun, discurre sobre el paso que van a construir para conectar la estación de tren con la calle Aduana.
Protección legal contrarreloj
En octubre de 2022 los miembros de la asociación Kepa Ordoki ya solicitaron su protección y conversión en un espacio de memoria en el pleno municipal de aprobación inicial del plan especial Vía Irun. En esta ocasión piden un año de moratoria junto a la asociación republicana Nicolás Gerendiain, durante la aprobación en Euskadi de la nueva Ley de Memoria Democrática de Madrid. "En junio se aprobará la ley en Vitoria-Gasteiz y en función de ella se catalogarán los edificios de alto valor y centro de memoria de Euskadi", dice Arrozpide.
Pero temen que en cuanto se apruebe la ley puedan derribar la Pequeña Velocidad. En esa carrera contrarreloj pensaban que la nueva Ley de Memoria Democrática ofrecería más protección. Y más, esperaban que el Ayuntamiento de Irun apostara por este apoyo, teniendo en cuenta que pertenece a los mismos partidos políticos que el gobierno de Madrid. Además, la asociación consideran que la Vía Irun es compatible con el proyecto, "modificaría el proyecto de pasarela y enriquecería el proyecto a la vuelta de la nueva estación de tren", dicen. "Nos cuesta entenderlo, cómo es que PSE y Podemos pueden decidir algo así", dice Arrozpide.
Pero aún alegando que es propiedad de ADIF y se encuentra fuera de la competencia municipal, no pierden la esperanza durante la construcción del pabellón con cubierta de uralita en la calle Aduana, junto al antiguo edificio aduanero. Sin embargo, "Si finalmente van a derribar la Pequeña Velocidad, imagino a Santano en una escabadora y a David Nuño en la otra", dice Arrozpide.
Publicado originalmente en euskera en antxetamedia.eus
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