De ellos y ellas, cinco son de Oarso Bidasoa: Joanes Larretxea de Oiartzun, Lorentxo Aiestaran de Lezo, Aitzol Gogorza de Errenteria-Orereta, Balbino Saenzi de Pasai Antxo, e Iratxe Sorzabal de Irun.

La reforma de la Ley 7/2014 está lista para ser publicada en el BOE. En virtud de ello, derogarán una de las leyes de la política de excepción que se aplicaba a los presos vascos.

Esta reforma llega en el marco de una directiva a establecer por los Estados miembros de la Unión Europea. La directiva europea data de 2008 y fue establecida en 2014 por España, pero el PP estableció una disposición adicional para que la medida no afectara a los y las presas vascas. La medida sólo afectaría a las sanciones impuestas tras el 15 de agosto de 2010. Esta disposición adicional queda derogada con la reforma ahora aprobada y podrá aplicarse a las sanciones impuestas antes de 2010.

Así, la nueva normativa permitirá sumar las penas cumplidas en otros países de la Unión Europea y afectará a 52 presos vascos, siete de ellos antes de fin de año, según ha informado Sare.

De estos y estas reclusas, la abogada oiartzuarra Onintza Ostolaza ha explicado a HITZA que la medida afectará a cinco de Oarso Bidasoa. A Joanes Larretxea, de Oiartzun; Lorentxo Aiestaran, de Lezo; Aitzol Gogorza, de Errenteria-Orereta —se encuentra en situación de prisión atenuada cumpliendo condena en casa por enfermedad grave e incurable—; Balbino Sáenz, de Pasai Antxo, y afecta de lleno a Iratxe Sorzabal, de Irun.

Ostolaza ha explicado que la aplicación de la reforma no supone una reducción de las penas, sino que supone "contar desde el primer día de cumplimiento, independientemente del Estado europeo en el que se haya cumplido la pena. Por lo tanto, cumplirán íntegramente la pena impuesta. Antes no se tenían en cuenta, por ejemplo, los años de prisión en prisiones francesas, y extraditado a España el recuento de penas comenzaba desde cero, sin tomar la gloria en Francia o en otros Estados de la Unión Europea".

A pesar de que Sare Herritar viene "con mucho retraso", ha valorado "positivamente" la reforma y ha llamado a seguir trabajando reconociendo que ha supuesto un paso adelante, "la LO 7/2003 es otra de las leyes que hay que derogar, entre otras cosas porque lleva a los y las presas a cumplir la pena de prisión de por vida, con el requisito de acreditar 40 años de prisión".

Publicado originalmente en euskera en bidasoa.hitza.eus.