Garazi Arrula Ruiz, Daniel Gonzalez Alonso (Miembros de ELEAK).- El 19 de octubre comienza el juicio contra el colectivo internacionalista Askapena, la Comparsa Askapeña, la asociación para el comercio justo Elkartruke y contra Unai, Walter, Dabid, Aritz y Gabi. Nuevamente peticiones de años de cárcel para quienes practican derechos teóricamente reconocidos, nuevamente amenazas de ilegalización de organizaciones políticas, sociales y culturales. Y apenas ha comenzado el curso político. Un buen momento quizás para compartir una mirada global desde nuestras lentes de defensa de los derechos civiles y políticos.

Desde Madrid (con la inestimable colaboración francesa) a lo largo del curso nos llegarán juicios contra personas acusadas de militar en Batasuna o en Ekin, contra alcaldes o vecinas de distintos pueblos por organizar comidas populares o pregones donde se apoya de una u otra forma a personas encarceladas, contra personas que expresan sus opiniones mediante tweets. O sentencias-venganza ad hoc como la reciente contra Santiago Arróspide.

No nos cansaremos de repetirlo: los tribunales y las leyes de excepción de Madrid juzgan –y condenan- ideas y prácticas legítimas sin respetar las más elementales garantías procesales. Ninguna persona, ningún supuesto delito –ni el que cada cual considere más abominable- debería ser juzgada en esos tribunales y bajo esas leyes contrarias a derecho. Simplemente, son ilegítimos.

La derogación de la Audiencia Nacional y de la legislación antiterrorista ha sido exigida tanto por agentes sociales y políticos de nuestro pueblo como por ayuntamientos, parlamento vasco u organismos internacionales de salvaguarda de derechos básicos. Desde que ETA abandonara la lucha armada, incluso algunos pocos jueces pertenecientes al Tribunal Supremo o a la Audiencia Nacional se han manifestado en este sentido. Hace escasas semanas lo ha hecho la propia Fiscalía del País Vasco, que en su memoria anual proponía que los delitos de “terrorismo” sean juzgados en tribunales del País Vasco. Aun siendo demasiado escasos, bienvenidos sean estos nuevos posicionamientos.

No parece cercano aún el momento de dichas derogaciones. En cualquier caso y mirando para casa, ¿en qué situación se encontrarían nuestros derechos civiles y políticos en caso de desaparición de las leyes y tribunales de excepción estatales? Veamos. Policías autonómicas fuertemente militarizadas y de carácter represivo –con la Ley de Seguridad Ciudadana de armamento extra–; policías locales con serios tics de las anteriores en el caso de las capitales; policía privada de seguridad con mayores competencias y más represivas; ordenanzas cívicas dirigidas a negar a la población el espacio público; juzgados sin garantías que aplicarán el Código Penal reformado que ahonda en la criminalización de la protesta social y de la pobreza; dirigentes políticos con mentalidad de política de excepción, medios de comunicación que inciden en la criminalización… No son meros conceptos abstractos. En breve serán juzgados varios jóvenes gasteiztarras acusados de atentado a la autoridad por realizar una sentada el 3 de marzo del 2014; la Consejera de Interior defiende públicamente al Ertzaina al que una sentencia judicial culpa –tras video irrefutable– de mentir deliberadamente para imputar por agresión, imputación que podría suponer cárcel; la policía municipal de Donostia recurre a la Ley de Seguridad para prohibir tomar imágenes del derribo del centro ocupado Kortxoenea –haciendo bueno a quién y al mismísimo ministro de Interior español, que manifestó que la Ley no prohíbe grabaciones–. Por ejemplo.

Décadas de políticas de excepción cada vez más intensas y el miedo que las acompaña han calado poco a poco en el interior de nuestra sociedad, generando una cultura represiva que asume con naturalidad la contradictio in terminis que supone la “excepción-permanente”. Sólo desde esta cultura de excepcionalidad permanente se puede entender que tras años de desaparecer la causa que en teoría justificaba dicha “anomalía” –las expresiones de violencia política no institucionales– ningún pilar de su arquitectura jurídico-policial haya sido derribada. Que, para colmo, en este tiempo se haya profundizado en la excepcionalidad mediante la enésima reforma del Código Penal, las leyes de Seguridad Ciudadana y de Seguridad Privada, el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta (¿alguien ha oído hablar de ella?) o el aumento del número de Policías Autonómicos Antidisturbios.

Necesitamos reducir a polvo todo ese edificio y la cultura política que lo sustenta. Necesitamos recuperar nuestros derechos civiles y políticos, el derecho a la disidencia. Para mitigar en lo posible las consecuencias de las injusticias ya cometidas y evitar nuevas. Para que la disidencia y la lucha social no salga tan cara en el futuro y disponer de herramientas que nos permitan plantar cara a las injusticias sociales y crear nuevas realidades.
Ese reto tiene muchos frentes. Uno, sin duda, es el de proteger a toda persona o asociación reprimida legal pero ilegítimamente por sus prácticas de lucha ilegales pero legítimas.

Por Gabi, Dabid, Aritz, Unai y Walter. Por Askapena, Askapeña y Elkartruke. Por solidaridad y por nuestro propio interés.