SOS Racismo Gipuzkoa.- Estaba cantado. La única mirada que las instituciones dedican a un inmueble ocupado es el carácter ilegal de dicha ocupación. Ninguna consideración hacia la inmoralidad de la existencia de edificios vacíos con la escasez de vivienda que padecen, en particular, los sectores más desprotegidos de la población. Ninguna consideración hacia las necesidades básicas y elementales de quienes han tenido que recurrir a habitar dicho edificio y, por supuesto, ninguna alternativa a barajar para esa personas.

Por el contrario, dos han sido las consecuencias inmediatas: dejarles en la calle a todos ellos y ellas y detener la policía municipal a varios jóvenes para llevarlos a Extranjería.

El argumento de la supuesta inseguridad es el que las instituciones saben que va a ser bien acogido por buena parte de la opinión pública. Permítannos que pongamos en duda que el hacer aún más vulnerables a una serie de personas sea algo que aporte más seguridad.

La reciente encuesta del Gobierno Vasco sobre pobreza y desigualdades sociales constata que la población en situación de pobreza y de riesgo de pobreza arroja unos índices superiores a los de hace 10 años. El contraste resulta escandaloso con la mejoría macroeconómica, el crecimiento del PIB o el aumento de los ingresos que tiene el Gobierno Vasco y el resto de instituciones. ¿Para quién se legisla? ¿Para qué sectores se articulan las políticas públicas? ¿Dónde quedan las declaraciones oficiales de “no dejar nadie atrás”?

SOS Racismo reitera que las medidas exclusivamente policiales no hacen sino castigar aún más a los sectores más vulnerables de la población. Que algunos de esas personas sufren una discriminación añadida, por afectarles la Ley de Extranjería que les impide acceder al mercado laboral. Que las medidas adoptadas sólo refuerzan la marginación de jóvenes que tienen derecho a ganarse la vida y que son necesarios para la renovación y fortalecimiento de nuestro tejido social.

SOS Racismo exige una vez más de las instituciones a nivel local, foral y autonómico, políticas de apoyo a los sectores más vulnerables, autóctonos e inmigrantes, y en particular, a quienes no disponen de un techo bajo el que cobijarse. El mero uso de la fuerza, daña a muchos jóvenes, proyecta una imagen pública criminalizadora, no resuelve sino agrava los problemas y muestra lo vacío de muchos discursos públicos.