Kaleratzerik ez STOP desahucios / Berri Otxoak.- Protesta ante las oficinas de la sociedad pública, dependiente del Gobierno Vasco, para el desarrollo de la función social de la vivienda a través de la política de alquiler, Alokabide/Visesa en Bizkaia, con el ánimo de exigir el derecho a una vivienda digna ante el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones municipales.

Además, de para mostrar nuestro apoyo a la acampada que está desarrollando María José Porrino, con una niña de 12 años y en tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama, la cual cumple más de 2 semanas acampando ante el consistorio de Irun en demanda de una vivienda digna.

Hay que tener en cuenta que ni los ayuntamientos ni el Gobierno Vasco cumplen con la obligación de garantizar una alternativa habitacional, con el argumento de que no tienen viviendas. Los pisos de acogida de los ayuntamientos son insuficientes.

Por otro lado, los 60 pisos para emergencias que dice disponer el Gobierno Vasco nunca están accesibles; y convierte en papel mojado la asignación con carácter de urgencia prevista legalmente. En este contexto, el parque de viviendas de gestión pública está estancado y no se toman medidas contra la burbuja especulativa de alquileres.

Comunicado

Protesta ante las oficinas de Alokabide/Visesa en Bizkaia. Ante las cuales se instalarán sacos de dormir, esterillas, mantas y tiendas de campaña. Concentración de familias que han sufrido procesos de desahucio en Bizkaia.

Iniciativa que surge con el ánimo de exigir el derecho a una vivienda digna ante el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones municipales. Además, de mostrar nuestro apoyo a la acampada que está desarrollando María José Porrino, con una niña de 12 años y en tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama; la cual cumple más de 2 semanas acampando ante el consistorio de Irun en demanda de una vivienda digna.

En concreto, y a través de esta movilización, se pretende denunciar que se está incumpliendo de forma sistemática el convenio de colaboración firmado por jueces y ayuntamientos en relación con los desahucios: los jueces deben comunicar de oficio a los servicios sociales municipales las demandas de desahucio y estos deben emitir el pertinente informe de vulnerabilidad y proporcionar una alternativa habitacional a través del Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide.

Lo grave es que ni los ayuntamientos ni el Gobierno Vasco cumplen esta obligación, con el argumento de que no tienen viviendas. Los pisos de acogida de los ayuntamientos son insuficientes, y no responden a las necesidades de vivienda con carácter de urgencia.

Cabe recordar, en este sentido, que las instituciones -y los partidos que las gestionan- están vulnerando, además, las diferentes resoluciones internacionales en esta materia: desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Dictamen de la ONU de junio de 2017, por parte del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Por otro lado, los 60 pisos para emergencias que dice disponer el Gobierno Vasco nunca están accesibles; y se convierte en papel mojado la asignación con carácter de urgencia prevista legalmente.

En este contexto, la LEY DE VIVIENDA VASCA, aprobada en junio de 2015, se está infringiendo. El parque de viviendas de gestión pública está estancado. No se toman medidas contra la burbuja especulativa de alquileres.

Como resultado se han disparado los precios de alquiler, 1.096 euros de media en la CAV, y han proliferado los pisos turísticos. La dramática consecuencia es el aumento espectacular de los desahucios de alquiler.

Por este motivo, exigimos medidas urgentes e inmediatas para paralizar los desahucios, garantizar el derecho a una vivienda digna y la aplicación efectiva del acceso a una alternativa habitacional para todas las personas y familias afectadas por el desalojo de su vivienda habitual.

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