Leído el 08-12-2018.- Al gobierno español y a la Comunidad Económica Europea no les interesamos los pensionistas. Las pensiones públicas no las quieren, animan a privatizarlas y esto ya conocemos y sabemos para qué. Serán los bancos los que controlen esos 140.000 millones que se mueven alrededor de las pensiones, y además piden que nos hagamos un plan de pensiones para quedarse con todos los ahorros.
Las reformas laborales de los 2011 y 2013, nos llevaron a una destrucción de empleo y de bajos salarios, además:
- Quieren retrasar la edad de las jubilaciones.
- Quieren poner la ley de sostenibilidad, que en unos años, perderemos el 30 al 40% en las nuevas jubilaciones.
¿Pero para llegar aquí, que ha hecho el Estado?
El Estado se ha gastado todo el fondo de pensiones en pagar la deuda de los bancos. Nos dicen que la deuda de ellos era de 64.000 millones, cuando ahora se ha descubierto que realmente son más de 300.000 millones, también se han visto afectadas las políticas de empleo, etc. Todas estas cosas tenían que estar pagadas por vía presupuestaria, pero el resultado final es que nos han esquilmado los fondos de pensiones y la Seguridad Social.
El pago de la Deuda Pública se incluyó en la Constitución (Decreto express, en 48 horas, modificando el art. 135 de la intocable Constitución) con un mandato que compromete a todos los gobiernos de las comunidades a pagarlo.
Nosotros y nosotras también queremos una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno actual o futuro pueda tocar, recortar o privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones. Queremos un artículo donde recoja como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones. Cuestiones harto difícil con gobiernos NEOLIBERALES que van apareciendo.
Ahora hablemos de la política fiscal:
Los presupuestos que se aprueban son un fraude ya que las aportaciones de las rentas más altas son mínimas comparando con las rentas del trabajo, ya que en estos últimos diez años se han incrementado un 18% mientras que las rentas empresariales, profesionales y de capital se han reducido un 38,30%.
Aquí ya sabemos que las políticas económicas las hacen los bancos, las eléctricas y las empresas del Ibex 35 y mientras esto no cambie los ricos se harán de oro. Esto que digo es una prueba de las DOCRINAS NEOLIBERALES que padecemos.
Los presupuestos del 2019 los elabora el Estado español sin tener en cuenta las necesidades y la realidad socio-económica de E.H. No se tiene en cuenta la productividad, ni se tiene en cuenta el valor de la vivienda, ni el coste de vida. Esto sin hablar de la renta “per cápita”, lo que nos lleva a pagar más impuestos y por ende, nos empobrecemos, siendo el eslabón más débil, la clase trabajadora vasca.
¿A dónde nos lleva esto?
Nos lleva a realizar una RESPUESTA POPULAR, la indignación se apodera de nuestras calles, VER EL PAÍS VECINO, somos muchas que cada lunes salimos a las calles de Irún, y según los últimos cálculos, Irún es la ciudad por habitante que nos manifestamos, en porcentaje, de toda E.H. Nunca se había visto una movilización de estas características en esta ciudad, y el grado de compromiso con la lucha por los puntos reivindicativos.
- Pensión mínima en E.H. de 1.080€.
- Defensa del Sistema Público de Pensiones.
- Derogación del factor de sostenibilidad (pobreza de las pensiones).
- No a la brecha de las pensiones entre mujeres y hombres.
- Garantizar el poder adquisitivo de la pensiones (I.P.C.).
La lucha del colectivo pensionista, junto a otros factores como la corrupción dentro del PP, han conseguido cambios políticos, en este caso, obligar a la oposición política española a presentar una moción de censura y echar al presidente Rajoy.
Pensábamos que con el cambio íbamos a ir mejor, pero nos encontramos CON NUESTRO “GOZO EN UN POZO”, el gobierno de Sánchez racanea esos presupuestos y negocia con PODEMOS aplicando modificaciones como:
- Mantenimiento del poder adquisitivo de acuerdo con el IPC, pero lo redactado mantiene cierto tipo de ambigüedad, similar a la del PACTO DE TOLEDO (son más bien recomendaciones).
- Nada que ver con lo que se pide en E.H.
- Pensión mínima 1.080€
- Bono Social, lo realizado hasta ahora por el gobierno no cubre ni siquiera el incremento del 16% del coste de las facturas de este año.
- Salario mínimo de 900€, nosotros exigimos 1.200€ .
- Nueva fiscalidad, creación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.
- Luchar contra el fraude fiscal (¡de verdad!).
- Lista de personas cuyos capitales están en los paraísos fiscales.
- Mejorar las cuantías en el nivel mínimo de dependencia.
En resumen, es un presupuesto que se recoge en lo que acordaron los partidos PNV y el PP, de incrementar el IPC para el 2018 y 2019. Pero no consideran en ningún momento subir las pensiones a 1.080, que es lo que recomienda la Carta Social Europea y que firmó España.
- Ni una palabra del factor de sostenibilidad.
- Ni una palabra de la reforma del 2011-2013.
- Ni una palabra de lo que piensa hacer para garantizar el Sistema Público de las Pensiones.
Dónde estamos
Ahora se están negociando los presupuestos de la CAV. Es hora que las instituciones vascas no eludan su responsabilidad y adopten las medidas que consideren necesarias para garantizar nuestro derecho a una pensión digna.
Los movimientos de pensionistas de Hego Euskal Herria presentamos nuestras propuestas a todos los partido políticos de nuestra comunidad para que serían incluidos en las negociaciones y en sus programas electorales.
Regulación específica por ley de completar la pensión mínima hasta 1.080€.
Para ello debería haber una partida presupuestaria entre 250 a 400 millones de €.
Con la ley en la mano, aunque nos quieren engañar, ya sabemos que el gobierno de la CAV tiene autoridad para poder completar estas diferencias. De hecho, el 10.06.2008 se publicó el proyecto de ley de complemento de pensiones.
Para más garantías, disponemos de un informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento del 2015, en el que se certifica la capacidad de Gasteiz para realizar la compensación que solicitamos hasta 2018.
EH Bildu ha recogido el guante ofreciendo dos abstenciones necesarias para la aprobación de los presupuestos, a cambio, de una inversión en pensiones.
No es una cuestión jurídica, ni competencial, es una cuestión de voluntad política, tanto del PNV como del PSE.
Yo creo que hay que hablar sobre todo de la situación de la mujer, la más perjudicada en este momento, en E.H. hay 178.000 pensionistas solas o en pareja que necesitan 225€ de media para poder llegar a 732€ del complemento del RGI, pero lo grave es que solo 15.000 acceden a esta prestación.
Los recortes que Patxi López hizo en el RGI y Urkullu los continuó están castigando a las pensionistas, en concreto el RGI para un pensionista es de 732€ al mes, en doce pagas, cuando de aplicarse la ley del 2008, serían 858,60€.
El Sr. Urkullu dice, que el sistema no está preparado para los 1.080€, en cambio, si está preparado para que el consejero delegado del BBVA cobre 450.000€ al mes, nos dice que la banca es privada, pero no lo es para inyectarles dinero público. Además con la ley se podría limitar los sueldos ejecutivos de las empresas privadas como lo hizo Suiza, y si no, con esa dejadez se podrían elevar los impuestos a las Sociedades y a las rentas más altas, para poder equilibrar la balanza, como más arriba hemos dicho.
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